MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha decidido fijar para el próximo jueves, día 17, el debate y la votación en Pleno del decreto ley para cambiar la forma de elección del presidente de RTVE, así como aquellos para poder aplicar en las comunidades autónomas los nuevos recortes en Sanidad y Educación, por un importe de 7.000 y 3.000 millones de euros, respectivamente.
En cualquier caso, estos tres decretos ley fueron aprobados el viernes 20 de abril por el Consejo de Ministros y se encuentran en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En cuanto al decreto ley de RTVE, el Gobierno decidió ponerlo en marcha en vista de la mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara baja y dado el bloqueo suscitado en la renovación del ente público, tanto de su presidente, cuya plaza está vacante desde julio de 2011 con la marcha de Alberto Oliart, así como de parte de los miembros del Consejo de Administración, dado que según la Ley de RTVE es necesario un consenso entre PP y PSOE, de dos tercios de la Cámara, que hasta la fecha no ha sido posible alcanzar.
En concreto, esta medida permite elegir al presidente y renovar a los miembros del Consejo de la corporación por mayoría absoluta, una medida que, según con la memoria económica que acompaña a dicho decreto a la que ha tenido acceso Europa Press, supondrá un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales, según los cálculos del propio Ejecutivo.
Además, aprueba la disminución de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de tener 12 miembros a nueve, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.
DECRETO DE AHORRO EN EDUCACIÓN
El decreto ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la Ley Orgánica de Educación (LOE), para introducir nuevas medidas en enseñanza universitaria y no universitaria, con el objetivo de recortar 3.736 millones de euros estimados.
En educación no universitaria, éste establece la medida temporal que permite a las comunidades autónomas aumentar la ratio de alumnos por clase en un 20 por ciento previsto en la LOE: 25 en Primaria y 30 en Secundaria.
Para los profesores, fija un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro.
En cuanto a los ciclos de Formación Profesional de 2.000 horas que se iban a implantar el curso que viene, el Ejecutivo ha decidido aplazarlos al curso 2013-2014. Igualmente, elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la LOE e incluye también otra iniciativa temporal para modificar el criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro.
Es más, este decreto ley establece un aumento de las tasas universitarias, que en los casos de la primera matrícula debe cubrir a partir del curso que viene entre el 15 y el 25 por ciento del coste real en los títulos de grado y másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión, mientras que la segunda matrícula cubrirá entre el 30 y el 40 por ciento del coste real.
Entre otras, una de las medidas que más ahorro supondría al Estado, según la memoria de impacto económico que acompaña al decreto, sería el aumento de horas lectivas de los profesores en educación primaria y secundaria, con una reducción prevista de hasta 840 millones de euros. Mientras, el incremento del ratio de alumno por aula de hasta un 20 por ciento podría aminorar los presupuestos de las administraciones públicas en 464 millones de euros.
AHORRO EN SANIDAD
Por otro lado, el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ahorrará un total de 7.267 millones de euros, de los que 500 derivarán del copago farmacéutico en función del nivel de renta, según las cuentas del Gobierno.
Al mismo tiempo, este decreto ley prevé combatir el llamado 'turismo sanitario' que conlleva un "enorme gasto" para la Sanidad española según subrayó la titular del ramo, Ana Mato, y con ello da vía libre a la retirada de la tarjeta sanitaria a los 676.000 ciudadanos europeos que se encuentran en España y que, según el Ejecutivo, ahorrará exactamente 917 millones de euros, sin especificar qué montante corresponderá a la revocación del carné a los inmigrantes sin papeles.
Este ahorro se suma igualmente al de 500 millones de euros previsto por la mejora en la elaboración del nuevo sistema de actualización del Nomenclátor, es decir, de la redefinición del catálogo de medicamentos sacando fuera de la financiación aquellos que se destinan al tratamiento de enfermedades menores.
Otros 1.000 millones de euros se obtendrán de las medidas dirigidas a evitar la acumulación de medicamentos en los domicilios, cifrado en un 10 por ciento del gasto farmacéutico según expertos, y coincidente con las 3.800 toneladas que se destruyen de fármacos cada año en el punto SIGRE. También, se incluyen 1.550 millones de ahorro procedentes del impulso de los genéricos, entre otras partidas.
