MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que, entre otros aspectos, abre la posibilidad de que los hijos de los emigrantes puedan optar por la nacionalidad.
El Estatuto afecta a cerca de 1,5 millones de emigrantes que salieron de España, fundamentalmente a finales de los años 50, por motivos económicos, y hace un reconocimiento expreso de aquellos que se vieron obligados al exilio como consecuencia del régimen franquista tras la Guerra Civil.
Tal y como explicó el director general de Emigración, Agustín Torres, se trata de "una ley histórica" porque regula, por primera vez en democracia, los derechos y obligaciones de los ciudadanos españoles en el exterior en distintos ámbitos, que hasta ahora estaban reconocidos en diferentes normas de rango menor.
Por ejemplo, reconoce los derechos de participación democrática (derecho a ser elector y elegible), de acudir al Defensor del Pueblo y de información, así como derecho a la participación en órganos representativos, consultivos de la emigración, organizaciones sindicales y empresariales y de asociación.
Asimismo, el Estatuto recoge derechos sociales y prestaciones, como el derecho a la protección de la salud, en materia de seguridad social, servicios sociales para mayores y personas dependientes, de información y orientación socio-laboral.
En este ámbito, destacó la incorporación a última hora de una enmienda, presentada por CiU, por la que se reconoce el derecho a recibir las prestaciones del extinto SOVI (sistema de cotización que estuvo vigente hasta 1967), una demanda reivindicada por el colectivo de emigrantes franceses.
Por otra parte, el Estatuto aprobado contempla los derechos relativos a la educación y a la cultura: derecho a la educación, homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros, así como al acceso a las lenguas y culturas españolas.
Finalmente, el proyecto aprobado en Comisión recoge la política integral en materia de retorno, a través de la Ofician Española de Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
EXTENDER LA NACIONALIDAD A LOS NIETOS
El texto fue apoyado por todos los grupos, salvo en algunos aspectos. Los portavoces de IU y BNG criticaron el hecho de que se limite el reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos de los emigrantes y que no se haga extensivo a los nietos.
Este aspecto también fue criticado por el portavoz de ERC, Joan Tardá, quien además señaló la necesidad en establecer una distinción entre el exilio por causas políticas y la emigración por aspectos económicos. Asimismo, defendió varias enmiendas dirigidas a remarcar las competencias de las comunidades autónomas en la materia.
Por último, el Grupo Popular criticó el preámbulo de la norma que relaciona el exilio con el régimen franquista, por ofrecer "una visión sesgada de la historia". Además, rechazó la sustitución del término "España" por el de "Estado español" (a raíz de una enmienda de ERC), así como la definición de España como un "Estado plurinacional".
