MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, manifestó hoy su voluntad de alcanzar un consenso con el Gobierno respecto al anteproyecto de Ley de Dependencia, pero denunció que es una Ley "manifiestamente mejorable", que "no garantiza" la igualdad de todos los españoles y que la financiación es "insuficiente".
De Miguel, tras reunirse con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, valoró "positivamente" que el Ejecutivo "se sume a algo que en Valencia llevamos haciendo mucho tiempo" y recordó que el líder del PP, Mariano Rajoy, ya ofreció la semana pasada "un gran pacto de Estado" para alcanzar un consenso.
Sin embargo, subrayó que la Comunidad Valenciana "va a exigir mejorar la Ley" porque es "insuficiente" y "manifiestamente mejorable". Además, criticó que el anteproyecto presentado por el ministro "no garantiza lo suficiente" la igualdad de los ciudadanos de las distintas Comunidades Autónomas.
La consellera explicó que este aspecto está recogido en la Ley "de una manera inquietante" porque las Comunidades Autónomas "estarán dependiendo" de una serie de convenios anuales con el Gobierno central. "Yo quiero que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tengan las mismas prestaciones que los ciudadanos catalanes", exigió.
De Miguel denunció también que la financiación es "insuficiente" y explicó que, según los cálculos de la Generalitat, en el año 2015 el Gobierno "únicamente" habrá aportado el 20% del gasto necesario en dependencia en la comunidad. "El resto lo financiará el propio gobierno valenciano sin financiación adicional y el copago del usuario", señaló.
En este sentido, la secretaria de Estado de Servicios Sociales explicó que "este proyecto tiene que basarse en la cofinanciación", y emplazó a todas las Comunidades Autónomas a "hacer un esfuerzo" para "sacar adelante entre todos este proyecto de país". Además, garantizó por parte del Gobierno una financiación "suficiente, estable y sostenible".
Valcarce aseguró que el contenido básico del derecho de dependencia estará financiado por el Gobierno "de manera permanente", y señaló que para el resto de acciones de mejora se firmarán convenios con cada una de las comunidades. "Estamos seguros de que alcanzaremos ese acuerdo, dependerá del esfuerzo que Valencia esté dispuesta a hacer", subrayó.
Por último, la consellera valenciana destacó que la Generalitat tiene "la mano tendida" para alcanzar un acuerdo con el Gobierno, pero recordó que su responsabilidad es también la de "exigir mejoras" para poder consensuar una Ley "para el presente y para el futuro".
El Libro Blanco de la Dependencia estima que 125.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana se beneficiarán de esta Ley, para lo que las administraciones públicas tendrán que acometer un nuevo coste de cerca de 400 millones de euros nuevos al año cuando el sistema está plenamente implantado en 2015.
Además, según las previsiones se crearán alrededor de 11.000 nuevos puestos de trabajo en Valencia para atender a las personas dependientes en el año 2015, sin tener en cuenta a los cuidadores familiares que pudieran percibir una prestación y cotizar a la Seguridad Social.