MADRID 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo Estatal de Personas Mayores (órgano asesor y consultivo del Ministerio de Trabajo en asuntos de esta materia) trasladó hoy al departamento de Jesús Caldera su respaldo al anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes.
El vicepresidente de este órgano, Luis Martín Pindado, manifestó a los medios de comunicación que "es una gran ley", que es "muy necesaria" y que el colectivo de mayores "llevaba mucho tiempo esperándola". En este sentido, recordó que el 80 por ciento de los futuros usuarios del sistema serán personas mayores.
El Consejo de Mayores entiende que el proyecto "está por encima del partidismo político" y reclama al departamento de Caldera que promueva "un pacto político y un gran acuerdo" entre las distintas fuerzas parlamentarias, para sacar adelante la Ley.
UN PROYECTO DE LA IZQUIERDA
Sobre esta cuestión, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, afirmó que la futura Ley de la Dependencia es "un proyecto del Gobierno de España para todos" y manifestó su voluntad de "alcanzar el máximo acuerdo" con el conjunto de las fuerzas políticas.
No obstante, la responsable de Asuntos Sociales considera que la norma es "un proyecto de la izquierda" y asegura contar con el respaldo de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, Izquierda Verde (socios habituales del Gobierno), además del Socialista.
Respecto al Partido Popular, Valcarce informó que ya se han establecido los contactos "al más alto nivel", a través de su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, y su responsable de Política Social, Ana Pastor. "Se les ha remitido el texto del anteproyecto y se les ha expresado la voluntad de diálogo y alcanzar todos los acuerdos que sean posibles", destacó.
Sin embargo, Valcarce afirma que aún "no tiene una valoración por escrito" por parte de los 'populares' y hasta el momento las únicas conversaciones se han mantenido en el ámbito de las comunidades autónomas gobernadas por este partido. Según indicó, todas ellas coinciden en la necesidad de esta ley y que reconozca un derecho universal y subjetivo.
Valcarce mantiene que "la mayoría de las comunidades autónomas han suscrito el modelo de cooperación" financiera, aunque ha solicitado "información complementaria" sobre el modelo de financiación. Trabajo las ha convocado para el próximo día 18 en el marco de la Conferencia Sectorial, con el objetivo de alcanzar un "acuerdo completo".
En virtud del anteproyecto, el Estado aportará 12.638 millones de euros para garantizar el contenido básico de la norma y la cobertura de las prestaciones básicas, con criterios de igualdad territorial, durante el periodo de implantación de la norma.
El Estado establecerá todos los años en sus presupuestos créditos para la realización de convenios con las comunidades autónomas y los costes nuevos del sistema deberán ser financiados entre Gobierno y comunidades autónomas al 50 por ciento.