VALENCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, afirmó hoy que considera "esencial" que el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que prepara el Gobierno central establezca un umbral mínimo de renta por debajo del cual los usuarios dependientes "no paguen ni un solo euro por la prestación".
De Miguel realizó estas declaraciones en el marco de la reunión Sectorial de Asuntos Sociales que tuvo lugar en el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para tratar el anteproyecto de Ley de Dependencia que prepara el Gobierno central.
Al respecto, Alicia de Miguel señaló en un comunicado que la postura del Consell ante este proyecto va a ser de colaboración para mejorar "un texto insuficiente". Apuntó que el Gobierno valenciano "quiere una ley de dependencia, pero quiere y exigirá la mejor ley de dependencia", puesto que, dijo, "no va a permitir que se desaproveche esta oportunidad de legislar con rigor y con garantías algo tan importante como la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas".
En este sentido, la Consellera indicó que "uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno valenciano de esta ley es que, según los resultados que se desprenden del Estudio General de la Dependencia elaborado por un Comité de Expertos Científicos en 2005, en la Comunidad Valenciana hay 250.000 personas dependientes, y la mitad de ellas se quedaría sin atención ni prestaciones", ya que, sostuvo, "según las manifestaciones públicas de los representantes del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el anteproyecto sólo beneficiará a 125.000 personas".
Por este motivo, anunció que va a a exigir que el anteproyecto de ley "garantice la misma atención y los mismos servicios a las personas dependientes y a su entorno familiar en el conjunto de España". Asimismo, apuntó que pedirá que "se preserve la igualdad de todos españoles dependientes a la hora de recibir prestaciones sociales, y que se mantengan los principios de solidaridad y cohesión territorial".
De Miguel aseguró que va a trabajar para corregir "graves defectos" de esta ley, puesto que se regula la atención a la dependencia a través de un convenio anual con cada una de las Comunidades Autónoma, lo que, dijo, "produce intranquilidad e inseguridad en los usuarios".
Además, apuntó, "no se reconoce el derecho subjetivo de atención a la dependencia", y dijo no entender "cómo puede someterse a una posterior regulación pues los derechos básicos deben tener rango de ley y no pueden expresarse en un simple reglamento".
"Por si esto fuera poco" --añadió-- "desde el punto de vista económico, parece que en el anteproyecto hay errores de cálculo en el coste".
La consellera advirtió también de la existencia de otras "deficiencias de calado", y en este sentido, señaló a modo de ejemplo que "el 70 por ciento del coste de la Ley va a tener que ser asumido por las Comunidades Autónomas y por los usuarios".
Asimismo, criticó que "no se define nítidamente qué cartera de servicios se ofrece, que no existe una fuente clara de generación de recursos para la atención a la dependencia, y además, no aparece por ninguna parte un sistema de prevención ni referencia alguna al papel de los ayuntamientos", aseveró.
"Por responsabilidad ante las personas en situación de dependencia y sus familias, y por coherencia, el Gobierno de la Generalitat va a trabajar para mejorar esta insuficiente ley, y garantizar la igualdad y la solidaridad en todo el territorio nacional, sin beneficiar a unas comunidades autónomas sobre otras, asegurando la sostenibilidad del sistema de bienestar, y erradicando la inseguridad e incertidumbre que produce este anteproyecto. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, y a estos ciudadanos y a sus familias hemos de ofrecerles la mejor ley posible", ha explicado Alicia de Miguel.
Actualmente, la Generalitat tiene una red de prestaciones sociales en forma de atenciones sociales domiciliarias, diurnas y residenciales, así como prestaciones económicas, atención y reconocimiento a los familiares que cuidan de personas que no se pueden valer por sí mismas. En 2006, el Consell destinará un total de 303 millones de euros a la atención a la dependencia.
