Vista del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha pedido este lunes impulsar los planes municipales de autoprotección contra los incendios forestales, "que serán cada vez más comunes por el cambio climático", mientras que Ecologistas en Acción ha denunciado que hay ayuntamientos que todavía carecen de estos planes, "muchos" no los tienen actualizados y "la inmensa mayoría" son desconocidos por la sociedad.
Así lo han hecho tras el incendio de Los Gallardos (Almería) de este fin de semana, que ya ha dejado 13 fallecidos --por lo que ya es el incendio más mortífero del siglo en España-- y diez desaparecidos.
En concreto, Greenpeace ha demandado a las comunidades autónomas (CCAA) que hagan un seguimiento de los planes prevención, emergencia y autoprotección frente a incendios forestales en las zonas de riesgo y que cartografíe estas áreas. Además, les ha pedido que evalúen el grado de implantación de la planificación mediante información "homogénea, accesible y actualizada".
A su vez, ha solicitado que doten de financiación, asistencia técnica y recursos humanos a los municipios, especialmente a los pequeños para que éstos puedan elaborar, actualizar e implantar los planes; y desarrollar programas permanentes de información, formación, participación y simulacros dirigidos a la población, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal.
A nivel estatal, la ONG ha demandado al Gobierno dotar de "financiación estable, respaldo científico y capacidad para transformar el territorio y hacerlo más resiliente" al Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales. De forma paralela, le ha pedido que promueva una estrategia integral de prevención de incendios centrada en las causas de ignición.
A juicio de los ecologistas, el Ejecutivo tendría que recuperar campañas públicas de sensibilización y educación ambiental "ambiciosas en el contexto actual de cambio climático y abandono del medio rural". A su vez, ha solicitado que impulse una cultura forestal y una cultura del riesgo que permitan comprender el funcionamiento de los incendios, la necesidad de gestionar el territorio y la importancia de la prevención y la autoprotección.
Asimismo, le ha instado a reforzar la gestión forestal y la dinamización del medio rural, reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a incendios cada vez más intensos. Para ello, ha hecho hincapié en la "urgencia" de destinar "1.000 millones de euros anuales a la gestión forestal para prevenir el riesgo de propagación de incendios forestales". "En 2025, se estima que los costes de extinción rondarán entre 3.548 y 6.741 millones de euros", ha advertido.
La ingeniera forestal Mónica Parrilla de Diego, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, ha incidido en que los incendios forestales "están cambiando" y que, por tanto, la manera de prepararse frente a ellos "también tiene que cambiar". En este sentido, ha enfatizado que el 55% de España es territorio forestal y que el cambio climático "está incrementando las condiciones favorables para incendios más intensos y peligrosos".
"Necesitamos pasar de una cultura centrada casi exclusivamente en apagar el fuego a una verdadera cultura forestal y cultura del riesgo. Cumplir los planes es imprescindible, pero también lo es sacarlos de los despachos, dotarlos de recursos y trasladarlos a la sociedad mediante información, formación, participación y simulacros. Sin conocimiento no hay autoprotección, y sin recursos no puede exigirse responsabilidad", ha subrayado.
"DEJACIÓN DE FUNCIONES CON CONSECUENCIAS TRÁGICAS"
Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado los diseminados urbanísticos que se construyeron en el campo "como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa (bajo el amparo de) los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense".
En esta línea, ha hecho hincapié en que estas construcciones deberían contar con un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF). Este Plan, "que no existía en las zonas incendiadas", es un instrumento técnico obligatorio para núcleos de población aislada, urbanizaciones y campings situados en zonas de peligro. Su objetivo es evaluar los riesgos, definir medidas preventivas, organizar la evacuación y facilitar la intervención de emergencia.
De la misma manera, ha señalado que todos los municipios ubicados en zona de peligro de incendios forestales están obligados por ley en Andalucía a elaborar un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF). Este plan debe incluir estrategias de prevención locales, planes de evacuación claros y sistemas de aviso a la población integrados en el Plan INFOCA.
Según la ONG, hay ayuntamientos que todavía carecen de estos planes, "muchos" no los tienen actualizados y "la inmensa mayoría" son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas. Ecologistas denuncia que "nunca" se realizan simulacros en los municipios forestales para que la población sepa que tiene que hacer para colaborar en la prevención y extinción de los incendios forestales, cuándo tiene que confinarse y cuándo y cómo proceder a su evacuación.
"Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas", ha lamentado.
Por último, ha tachado de "muy preocupante" que se acabe de constituir un gobierno en Andalucía "que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática". Por esta parte, la organización ha criticado cómo los políticos que no han hecho "nada" frente al creciente cambio climático "ahora se lamentan" cuando "cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas".
"Son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP. La nueva ley urbanística (LISTA) agravará aún más esta situación al permitir todo tipo de construcciones en suelo no urbanizables, promoviendo las segundas residencias sin ligazón a la explotación de fincas rústicas. El urbanismo en suelos no urbanizables se desbocará", ha denunciado.