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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Diego Radamés - Europa Press
MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha vuelto a defender que el proceso extraordinario de regularización de migrantes se trata no solo de "justicia social", sino también de un "acto de pragmatismo económico", y ha incidido en que la convivencia "requiere políticas públicas" para garantizar los derechos.
"Hay datos académicos que estiman que el beneficio fiscal neto de cada persona migrante regularizada asciende a 4.000 euros, por el efecto combinado entre el IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social", ha argumentado Saiz durante un acto del PSOE en la sede de Ferraz para abordar el cierre del proceso de regularización.
La ministra, que ha intervenido de forma telemática, ha afirmado que este proceso es "un acto de profunda justicia social" que sirve para reconocer de forma explícita la "dignidad humana" de quienes se encontraban en situación de "irregularidad sobrevenida". Es, además, un acto "coherente con nuestra historia como país emigrante", ha sostenido.
"Gestionar la migración no consiste únicamente en ordenar los flujos, las entradas", ha continuado Elma Saiz, que ha abogado por aplicar una política "transversal" que vaya desde la cooperación con los países de origen o de tránsito, hasta "la integración de quienes viven en España, para que participen plenamente en la sociedad y contribuyan al progreso común".
JÓVENES FORMADOS "QUE VIENEN A TRABAJAR"
La también portavoz del Gobierno ha vuelto a enumerar los datos del procedimiento de regularización, con más de 1,17 millones de solicitudes. "Detrás de cada cifra hay personas, o sea que fijémonos más en los proyectos y en las personas que en las cifras. Pero os digo esta tarde ya que más de la mitad de los expedientes ya están en tramitación", ha avanzado.
Asimismo, ha destacado que el 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años, un dato que ha destacado de forma positiva porque "el 20% de los nativos españoles tienen más de 65 años". "El invierno demográfico, sin duda alguna, va a poner en nuestro estado de bienestar en cuestión", ha advertido.
Por otro lado, ha destacado que ocho de cada diez beneficiarios tienen "competencias lingüísticas plenas". Además, muchos cuentan con estudios de nivel post obligatorio. "Son jóvenes que vienen a trabajar, pero es que vemos que están formados y eso es algo también muy importante para nuestro mercado laboral", ha recalcado.
Por último, ha recordado el Plan de Integración y Ciudadanía dotado con más de 500 millones de euros, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado 30 de junio, a través del que aplicarán "16 medidas concretas" que gira en torno a cuatro ejes: ordenación de flujos migratorios, el trabajo como herramienta de inclusión, convivencia y ciudadanía efectiva.
"Queremos la convivencia, pero también requiere políticas públicas con proyectos comunitarios en barrios y municipios, y también, por supuesto, reforzar el aprendizaje del idioma. Queremos garantizar el acceso real a derechos, una dotación de más de 200 millones de euros para reforzar los servicios públicos y para garantizar la igualdad, ha defendido.