EpC.- Padres de menores objetores reclaman a la consejera andaluza que "asuma" su responsabilidad en el caso del BOJA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), reclamaron hoy a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez, que "asuma y acepte" su responsabilidad por la publicación de nombres de menores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En declaraciones a Europa Press, Seco explicó asimismo que, tras estudiar las diversas posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para demandar a la Consejería del ramo por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen de los menores cuyas identidades aparecieron publicados en el BOJA, ya han optado por utilizar una vía específica.

Así, señaló que en esta vía, por un lado, se ofrece a Jiménez la oportunidad de "reconocer voluntariamente su responsabilidad" sin que haya de mediar resolución de los Tribunales, y de otra, es un procedimiento "en el que no tendrán que intervenir los menores cuyas identidades fueron publicadas, y cuyos derechos fundamentales no pueden ser protegidos por la Fiscalía mediante las cautelas oportunas, según ésta ha manifestado".

Según dijo, este procedimiento se encuentra amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y por la Ley de Protección Jurídica del Menor, y se inicia mediante un escrito que se dirige a la propia consejera "para que asuma y declare su responsabilidad".

Así, Seco especificó que "se tratará de un procedimiento abreviado, por resultar inequívoca y fehaciente la vulneración de tales derechos, como se ha puesto de manifiesto no solo en el propio BOJA, sino también por las resoluciones del Defensor del Pueblo y de la propia Fiscalía".

En este punto, aseveró que, en el caso de que la repsonsable de Educación no asuma su responsabilidad, se continuará el procedimiento contencioso ante los Tribunales de Justicia, concretando que la asunción de esa responsabilidad o su declaración por los Tribunales "se traducirá en una indemnización económica, que ha sido fijada por los Tribunales en 6.000 euros por daños morales".

No obstante, quiso dejar claro que esto último "no es el objetivo perseguido por las familias", por lo que dicha indemnización irá dirigida a obras sociales íntegramente, como por ejemplo Cáritas.

ARCHIVO DE DILIGENCIAS

La Fiscalía de Sevilla informó recientemente de la decisión de archivar las diligencias que incoó hace un mes aproximadamente para investigar todo lo relacionado con la publicación de nombres de menores objetores de EpC en el BOJA.

En este sentido, la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, manifestó que para el Ministerio Público tiene "mayor relevancia la defensa de los intereses de los menores a mantener la privacidad de la decisión de instar el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia", frente "al ejercicio de unas acciones civiles encaminadas a obtener una indemnización adecuada a la trascendencia de la intromisión".

En la resolución de la investigación, que fue abierta después de que lo solicitara por escrito el Partido Popular y una procuradora que representa los intereses de distintos padres implicados en el caso, la fiscal jefe concluye que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación "produjo la lesión del derecho a la intimidad de los menores afectados" al publicar las resoluciones para sustituir la notificación personal de las mismas.

Segarra entiende que "la vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en BOJA a las resoluciones administrativas afecta de forma directa a los menores afectados, que deberían comparecer en el procedimiento para ser oídos judicialmente, de manera que adquiriría tintes negativos para los intereses de los menores dada la trascendencia que cobraría la acción procesal llamando si cabe más la atención de todo su ámbito de conocimiento sobre esta opción personal".

RESOLUCIONES DE RECHAZO A LA OBJECIÓN

Todo parte de una resolución emitida el pasado 15 de septiembre por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y publicada en el BOJA el 1 de octubre inadmitiendo o desestimando un total de 81 solicitudes de objeción de conciencia a la citada materia. Las resoluciones, según figura en este documento, son publicadas al resultar infructuosa su notificación en los domicilios registrados en cada uno de los expedientes.

En concreto, se trata de 81 actos administrativos de inadmisión o desestimación de las solicitudes de objeción en las que quedan registrados tanto el nombre de la persona que formula la petición como el del alumno o alumna afectada por el expediente, aludiendo a hermanos muchas de las citadas resoluciones.