MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español ha calificado este miércoles de "día histórico contra la impunidad" el que el Tribunal Penal Internacional haya declarado culpable de crímenes de guerra a Thomas Lubanga Dyilo por reclutar y emplear a niños soldado durante el conflicto en la República Democrática del Congo (RDC).
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha destacado que la sentencia, la primera que dicta el TPI, "constituye para España un hito en el desarrollo de la justicia penal internacional" y "su adopción es un signo de vitalidad como institución y de la importancia de su misión futura".
"Hoy es un día histórico para la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales más atroces", ha insistido el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "La sentencia hecha pública hoy, adoptada por unanimidad, pone asimismo en evidencia la necesidad de reparar a las víctimas de los crímenes enjuiciados, a saber: niños soldados menores de 15 años reclutados y utilizados para participar en las hostilidades", ha añadido.
Así las cosas, "España reitera su firme y constante apoyo al TPI, a cuya creación y desarrollo ha contribuido desde los orígenes de la institución" y "reafirma su profundo compromiso con los principios recogidos en el Estatuto de Roma, y con la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves para la comunidad internacional".
El TPI ha declarado este miércoles culpable de "crímenes de guerra" al antiguo dirigente armado Thomas Lubanga Dyilo en relación con el reclutamiento de niños soldados en la región de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC). Se trata de la primera sentencia en los diez años de historia del Tribunal de La Haya.
Por unanimidad, los tres jueces han dictaminado que hay pruebas suficientes para establecer que la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (FPLC) --ambos fundados y comandados por Lubanga--, reclutaron a niños soldados "menores de quince años" para obligarlos a "participar activamente en las hostilidades" entre el 1 de septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003.
El anuncio de la condena ha sido aplazado hasta una sesión posterior a petición del propio Lubanga, tal como establece el Estatuto de Roma, la norma por la que se rige el TPI. La defensa tiene un plazo de treinta días para recurrir la sentencia, según anunció el Tribunal en un comunicado.
