Expertos ven "riesgo muy limitado" de terremotos relevantes por Castor

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

  Los expertos del IGME, del IGN, así como el resto de especialistas consultados coinciden en sostener "que existe un riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro" en la zona de la costa mediterránea afectada por la actividad de la planta de almacenamiento de gas Castor, según ha avanzado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, durante su comparecencia en el Congreso.

   "En el momento actual, las opiniones preliminares de los expertos apuntan a la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones de prueba del gas colchón por parte de la empresa", ha confirmado el titular de Industria, al mismo tiempo que ha subrayado que los expertos coinciden en que no es procedente extraer el gas colchón inyectado porque "no se sabe cómo podría afectar al equilibrio de la estructura".

   Por ello, sostiene que desde que se dio la orden del Ministerio para paralizar su actividad la empresa hace un par de semanas no está inyectando gas en el almacenamiento. "Hasta que no se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura el almacenamiento no se va reanudar, puesto que deberá contar con autorización del Ministerio", ha asegurado.

   Además, ha señalado que se va a situar un nuevo sismógrafo en el término de Columbretes (Castellón) para obtener mayor precisión de los movimientos. Según ha insistido, se está a la espera de los informes del IGME y del IGN, así como otros informes solicitados a la empresa para determinar la solución final para el proyecto Castor, aunque todavía desconoce la fecha.

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE CASTOR

   Por otro lado, el ministro ha estimado que el coste total del almacenamiento subterráneo de gas, una vez incluidos los gastos de financiación, asciende a 1.700 millones de euros. Además, ha indicado que el promotor del proyecto, la sociedad Escal UGS, participada por ACS y la canadiense CLP, tiene reconocida una retribución a las inversiones realizadas de 1.273 millones.

   A esta cifra dice que hay que añadirle el importe del gas colchón que se introduce en el almacenamiento para su correcto funcionamiento y que no se puede utilizar posteriormente como gas de trabajo. El valor económico de este gas, en cuya inyección trabajaban los promotores en el momento en el que se iniciaron los seísmos, se estima en 186 millones de euros.

   En cuanto a los costes financieros, Soria ha indicado que dependen de diversos factores, como el Euribor y la fecha de disposición de los diferentes importes. Además, están asociados a un préstamo sindicado por un importe máximo de 1.276 millones. "El coste para el sistema" de este préstamo es de 234 millones de euros, lo que, sumado a todas las partidas anteriores, sitúa el coste total de la infraestructura en 1.700 millones de euros.

   El ministro ha explicado que la actividad del almacenamiento de gas "está regulada" y, por tanto, "los costes de las infraestructuras son costes regulados del sistema gasista" y no se cargan sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha resaltado que, antes de saber que se iban a producir movimientos sísmicos de nivel 3 en la escala de Ritcher, el Ejecutivo había encargado una auditoría externa de costes porque estas infraestructuras se iniciaron en la planificación gasista con un coste "muy inferior" a los 1.700 millones de euros.

   Preguntado quién pagaría en el caso de que se cierre el almacén, Soria ha dicho que se desconoce porque el Gobierno ha encargado desde hace meses es una auditoría externa de costes que determine exactamente si la estructura de costes que presenta la empresa para calcular la retribución del almacenamiento se corresponde con el resultado de la auditoría. Por tanto, mientras no la tengamos no podemos saber exactamente el importe, sólo tenemos la cuantía estimativa de 1.700 millones de euros.

CONVENIENCIA DEL PROYECTO

   Soria ha indicado que esta instalación se consideró en un primer momento necesaria para aumentar la seguridad del suministro del sistema gasista, tal y como se recogió en la planificación energética 2008-2016, donde se incluyó este equipamiento con la categoría de 'A urgente'.

   En el momento actual, con una coyuntura económica nacional que ha provocado una caída en la demanda de gas y un exceso de gas en los mercados internacionales, sostiene que es necesario realizar un nuevo análisis coste-beneficio de la instalación, teniendo en cuenta la infrautilización de las infraestructuras del sistema gasista, en particular plantas de regasificación. "Es evidente que hay sobrecapacidad de infraestructuras gasistas", ha apostillado.

   Al mismo tiempo, ha recordado que este Ejecutivo solicitó al Tribunal Supremo la declaración de lesividad de una de las cláusulas incluidas en el decreto de 2008 por la que se concedió la autorización administrativa para este almacenamiento.

   En ella se hace referencia a que en el caso de suspensión o finalización de la concesión entonces las instalaciones pasarían a ser titularidad del Estado y se tendría que indemnizar al operador con el valor neto contable de las instalaciones, salvo que obrara de por medio dolo o negligencia del operador, en cuyo caso también sería indemnizable por el valor residual.

   "Nos parece que es lesiva para el interés general una cláusula incluida en un decreto por el que cual se concedió la autorización administrativa", ha remachado.

CÓMO FUNCIONA

   Por otro lado, ha detallado que el 16 de septiembre finalizaron las inyecciones de gas colchón y que, actualmente, hay 1.214 gigavatios de horas de gas, el 17 por ciento de la totalidad del gas colchón previsto, que alcanzaría un total de 7.000 gigavatios hora.

   En respuesta al diputado del PSC Francesc Vallés, así como a la diputada de ICV, Laia Ortiz, el responsable de Industria ha asegurado que hay un informe del pasado 8 de octubre del CSN que afirma que el conjunto de movimientos sísmicos no tienen "ninguna incidencia" en los reactores de Ascó y Vandellós.

   Además, ha señalado que el estudio de impacto ambiental para las prospecciones petrolíferas en Canarias ha incluido un completo informe de posibles movimientos sísmicos a raíz de esa posible prospección, aunque no lo exigiera la ley en ese momento.