MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un artículo del profesor de economía aplicada de la Universidad rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, Miguel Ángel García Díaz, en la que advierte de que la Ley de Familias, aprobada en primera vuelta por el Gobierno, se reduce, "en buena parte, a una declaración de intenciones difícil de aplicar en la práctica".
"Su desarrollo se realiza en casi todos los casos de manera muy genérica y sin establecer obligaciones concretas, al utilizar términos indeterminados para describir las obligaciones de las administraciones públicas competentes en cada materia y se solapa en muchos casos con lo dispuesto en otras normas que regulan, por ejemplo, el derecho a la educación y a la prestación sanitaria. Desde este planteamiento, la norma se reduce en buena parte a una declaración de intenciones difícil de aplicar en la práctica", señala Miguel Ángel García Díaz en el artículo, consultado por Europa Press.
Así, aunque el investigador señala que la norma recoge una "amplia" relación de objetivos "loables", relacionados con la protección a las familias (educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, igualdad de trato, conciliación profesional y familiar), avisa de que no llega a "establecer obligaciones precisas" para las administraciones, utilizando términos como "establecerán, impulsarán o desarrollarán".
Además, apunta que la norma recoge la restricción presupuestaria "habitual en este tipo de leyes", quedando "supeditado" el desarrollo de las medidas, derechos, garantías, servicios y apoyos que se contemplan en ella "a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones Públicas competentes".
En todo caso, el experto afirma que la ampliación del concepto de familia o unidad de convivencia sí tiene repercusiones prácticas en el caso de algunas prestaciones públicas cuyo número de beneficiarios "se incrementa significativamente".
En concreto, pone el ejemplo del mayor acceso a la prestación de 100 euros por hijos a cargo menores de 3 años que se articula como deducción en el IRPF o complemento en el Ingreso Mínimo Vital; o "la ampliación del acceso o mejora en el trato de las parejas de hecho en algunas prestaciones de la Seguridad Social o de las que forman parte de las relaciones laborales".
Asimismo, señala que la incorporación del concepto 'familias' frente al singular de familia utilizado hasta la fecha, apoyándose en la defensa de la diversidad en la formación de las unidades de convivencia, "se ajusta a la evolución de la sociedad española, a la vez que incorpora a un mayor número de posibilidades en la composición y, por tanto, de personas, en el concepto familia".
Dada la amplia relación de materias que trata la ley, el investigador considera que "sería muy conveniente" que estuviera acompañado por "una memoria económica más exhaustiva" para conocer el potencial impacto sobre las cuentas públicas en caso de cumplirse con todos los objetivos recogidos en la norma.
