La ministra de Igualdad, Ana Redondo, inaugura el acto institucional de la Red Estatal Libres de MGF, en el Círculo de Bellas Artes, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Igualdad ha aclarado que no tiene competencia administrativa para cerrar páginas web que publiciten servicios de gestación subrogada, después de la Fiscalía de la Audiencia Nacional le haya pedido este miércoles que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las web de 13 empresas establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada".
Fuentes del departamento que dirige Ana Redondo señalan en todo caso que han recibido el escrito en la tarde de este miércoles y que será examinado este jueves junto a la Abogacía del Estado, que lleva más de un año trabajando por la vía judicial en este asunto.
Asimismo, han recordado que el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio, tiene el mandato de "velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres", lo que incluye actuar "frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". No obstante, han subrayado que sus competencias se limitan al impulso de acciones judiciales para lograr la cesación de este tipo de contenidos, pero no contemplan la posibilidad de bloquear o clausurar sitios web.
También recuerdan que el año pasado, el Gobierno modificó una instrucción con el objetivo de hacer efectiva la prohibición de los "vientres de alquiler". Por otro lado, añade que el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe en el que identificaba a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en distintos medios.
Ese informe fue trasladado a la Abogacía del Estado para que ejerciera acciones judiciales dirigidas a frenar la publicidad de cuatro empresas. Además, Igualdad indica que la propia Fiscalía solicitó al Instituto el documento elaborado por el Observatorio en el marco de sus actuaciones.
Finalmente, desde el Ministerio han insistido en que mantiene un "alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva".