SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, afirmó hoy que "todavía queda bastante camino" procesal para que el Grupo Boliden afronte el pago de los más de 90 millones de euros que debe a la Administración andaluza en relación con los costes y gastos asumidos para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla).
En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de las Jornadas Internacionales sobre Adaptación al Cambio Climático, Castillo reconoció que es "absolutamente cierto que la Junta no ha cobrado nada de lo que reclama", cantidad que supera los 90 millones de euros hasta alcanzar los 142 si se tiene el cuenta el montante correspondiente a la expropiación de tierras realizada.
La titular del ramo aclaró que, a pesar de que hace once años desde que se produjo el vertido, "sólo hace unos meses que se admitió a trámite la demanda contra la empresa matriz", por lo que "todavía queda bastante camino procesal que recorrer para que Boliden pague el dinero que se le reclama".
Así, precisó que, hasta que en el pasado mes de octubre la justicia Sueca admitiera a trámite un recurso interpuesto por la Junta en el que solicita un embargo cautelar por valor de 141 millones de euros a la multinacional Boliden, la Junta de Andalucía realizaba sus reclamaciones a empresas filiales que "no tenían capital para responder, no sólo a los 90 millones, sino a las costas de un juicio en el ámbito penal, civil o cualquier otro".
Admitido a trámite este recurso, el Gobierno andaluz debe hacer frente a la cuantía económica que le corresponde aportar ante la justicia sueca, a modo de 'caución', al objeto de que en el país escandinavo sea "ejecutivo" el requerimiento que, en junio de 2007, dictó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar esos 141 millones de euros.
La decisión de la Junta de reclamar estos gastos al Grupo Boliden por vía administrativa se produjo después de que la Audiencia Provincial de Sevilla no admitiera a trámite la demanda por vía civil planteada por la Junta y desestimara con anterioridad el recurso del Ejecutivo andaluz contra el archivo de las actuaciones penales por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), recurrido de nuevo en amparo ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno andaluz.
La rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa el 25 de abril de 1998 provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reconoce que por el momento, pese a que hace ya más de cinco años desde que se inició su reclamación por la vía administrativa, el Grupo Boliden no ha realizado ni un pago de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Administración andaluza.
En respuesta a una pregunta escrita realizada por el Grupo Parlamentario del PP-A y a la que ha tenido acceso Europa Press, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, explica que los costes que se reclaman ascienden a la cantidad de 89.867.545,56 euros, a la vez que especifica que en relación a esta reclamación "no consta que las entidades a las que se les ha reclamado hayan satisfecho algún pago del mismo".
