MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez del Juzgado de lo Contencioso número 10 de Madrid ha ordenado que se renueve el permiso de residencia a una mujer extranjera cuyo marido está imputado en una causa judicial por bigamia, al entender que mientras no haya una anulación formal, el matrimonio es un hecho, aunque hubiera uno antes, y la Administración "no puede desconocer su validez".
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula así una resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, que en septiembre de 2010 dio por exitinguido el permiso de residencia que esta extranjera había obtenido tras casarse con un español. La Administración consideraba que había una "inexactitud grave" en las alegaciones que ella había esgrimido para conseguirla, porque el hombre parecía estar ya casado.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid había abierto Diligencias Previas a instancias de la Brigada Central de Redes de Inmigración de Madrid contra el citado español, por un delito de bigamia, ya que no había probado que estuviera divorciado de su anterior esposa. La Administración entendió que la existencia de un matrimonio previo anulaba el actual y extinguió el permiso de residencia de la segunda mujer.
El juez dice que no puede compartir esta tesis porque el matrimonio entre la recurrente y su cónyuge "no ha sido disuelto" y "goza de presunción de legalidad" y recuerda que, en cualquier caso, según el Código Civil "la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos sobre los hijos del contrayente o contrayentes de buena fe". En este caso, afirma, "la buena fe se presume".
"Nos encontramos ante lo que en la doctrina se ha denominado un matrimonio putativo que despliega sus efectos frente al cónyuge de buena fe, que en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario, por eso la buena fe se presume, ampara a la recurrente", explica el magistrado.
Además, tiene en cuenta que mientras no se dicte una sentencia en el caso contra el marido por bigamia que anule su matrimonio posterior, este tendrá validez y explica que "la Administración no puede desconocer su existencia, validez y eficacia, pues no puede ser que unos mismos hechos sirvan para la Administración de Justicia y no para otra (la del Estado)".
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