Mediavilla cree que los casos de pederastas que vuelven a actuar una vez puestos en libertad muestran que "el sistema no funciona"
SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, mostró hoy su "perplejidad" por la sanción de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia condenatoria previa contra Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz.
"Tendrá algún atenuante, como la situación de los medios tecnológicos u otros factores, pero igual que los políticos tenemos que responder de todas las acciones que llevamos a cabo, un juez, que no deja de ser un empleado público, pues exactamente igual", aseveró Mediavilla.
El titular de Justicia realizó estas reflexiones en una entrevista con Radio Nacional de España en Cantabria recogidas por Europa Press, en la que admitió que, "como cualquier persona" ha tenido "en parte" la sensación de que ha podido haber "corporativismo" en la sanción.
"Yo tampoco puedo decir que los tres vocales del CGPJ responda a un posición de corporativismo porque es cierto que alguno de los que votó para que fuese considerada la sanción como muy grave también pertenece a la carrera judicial", matizó Mediavilla.
El consejero también afirmó que consideraría "inexplicable" que al juez se le imponga una sanción de 1.500 euros y que, en cambio, al secretario judicial, cuya situación aún no se ha decidido, se le impusiera "incluso" la separación del servicio.
Mediavilla expuso que coincide tanto con la familia de la niña asesinada como con el ministro de Justicia, en que "no deja de ser sorprendente" que se fije " una simple multa de 1.500 euros a alguien que, en definitiva, ha hecho dejación de funciones".
PEDERASTA DE ASTILLERO
Por otra parte, el consejero de Presidencia y Justicia cántabro aseguró que situaciones como la del 'pederasta de Astillero', que volvió a delinquir tras su puesta en libertad, suponen "una muestra más de que el sistema no funciona".
Este suceso "evidencia que el sistema no funciona y que hay que adoptar medidas de forma inmediata de choque para que el sistema funcione", a juicio de Mediavilla, que valoró como "acertadas" las medidas propuestas de reforma del Código Penal en aspectos como las extensiones de penas, medidas accesorias de vigilancia durante 20 años, o castración voluntaria con el consentimiento del delincuente, entre otras.
MEDIOS Y TECNOLOGÍA
El consejero afirmó que el "diagnóstico real" de la situación de la Administración de Justicia tanto a nivel nacional como en Cantabria "hace sopesar" la necesidad de tener que adoptar medidas, ya que esta Administración sufre un "retraso considerable" en relación con otros órganos, que es mayor en el campo de la tecnología.
Para Mediavilla, el uso de medios tecnológicos "puede propiciar una mejora y una adecuada respuesta a determinados problemas, y recordó que tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas está "trabajando intensamente" para la renovación tecnológica en esta Administración.
"Me da la sensación de que no es una cuestión excesivamente dificultosa, es una cuestión en primer lugar de voluntad política, en la que tanto el Ministerio como las comunidades y el nuevo CGPJ tenemos que tirar del carro en ese sentido", aseveró.
Finalmente, abogó por que a esos medios tecnológicos se sumen otras medidas, como la incorporación de nuevos registros de penados y rebeldes, para que haya un conocimiento en todo el Estado de cuál es la situación penal de una determinada persona, algo que puede ayudar "en buena medida a que no se puedan repetir episodios tan lamentables".
