Más del 24% de los incendios forestales de 2024 fueron intencionados y más de la mitad por negligencias, según Fiscalía

García Ortiz quiere verificar qué ayuntamientos en zonas de riesgo de incendios cuentan con planes de prevención

Un árbol en llamas
Un árbol en llamas - Adrián Irago - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 12:37

   MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía General del Estado ha informado de que el 24,18% de los incendios forestales en el año 2024 fueron intencionados, mientras que el 50,98% fueron por negligencias.

   Así lo refleja la Memoria de la Fiscalía del 2024, recogida por Europa Press, que ha presentado este viernes el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con motivo del inicio del año judicial.

    En comparación con el año 2023, el porcentaje de incendios forestales que fueron intencionados aumentó en más de cinco puntos (de 19% en 2023 al 24,18% en 2024), mientras que los incendios por negligencias descendieron del 68% en 2023 al 50,98% en 2024.

    La Fiscalía explica que los incendios naturales son los que no se encuentran provocados por la acción humana, originándose debido a fenómenos naturales (rayos, erupciones volcánicas o combustión espontánea de materia orgánica en condiciones de sequedad extrema); los originados por negligencias o accidentes son los causados involuntariamente por la actividad humana debido a descuidos, imprudencias o situaciones fortuitas; y los de origen intencionado son los que tienen como fin la generación de un incendio forestal.

    Además, en las reproducciones el incendio es originado a partir de un incendio previo, mientras que los fuegos de origen desconocido engloban aquellos incendios no investigados o en los que no se ha resuelto dicha investigación.

    En cuanto a los datos estadísticos sobre intervenciones en medio ambiente, durante 2024 se dictaron 1.056 sentencias condenatorias: 37 por delitos contra el medio ambiente, 337 por urbanismo y contra la ordenación del territorio, 43 en patrimonio histórico, 262 en materia de flora y fauna, 94 por incendio forestal y 283 por malos tratos a animales domésticos.

    Durante 2023 se dictaron 959 sentencias condenatorias: 61 por delitos contra el medio ambiente, 295 por urbanismo y contra la ordenación del territorio, 39 en patrimonio histórico, 218 en materia de flora y fauna, 90 por incendio forestal y 256 por malos tratos a animales domésticos.

MAPEO DEL TERRITORIO CON DRONES

   Este año, como novedad y paralelamente a la campaña de prevención de incendios forestales, la Fiscalía ha remitido oficio al Seprona, a los Agentes Forestales y a las policías locales a fin de que, bajo el paraguas de las nuevas tecnologías y, en concreto, mediante el uso de drones en zonas de riesgo de incendio, realicen un mapeo del territorio y de aquellos puntos que por su orografía, superficie forestal, temperatura y otras variables sean susceptibles de tener un riesgo alto-medio de que estos se produzcan para, consecuentemente, verificar la existencia de planes de prevención de incendios en aquellos municipios incardinados en dichas áreas.

    En consecuencia, recuerda a los fiscales especializados la importancia de la vigilancia respecto al cumplimiento de la obligación de tener Planes de Prevención de Incendios, por parte de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales existen superficies forestales, y en los supuestos regulados en las legislaciones autonómicas, especialmente en los casos de grandes incendios.

    "Lo que se pretende es que las Sras./Sres. Fiscales dispongan de la información precisa y adecuada sobre las previsiones de incendios, para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre los mismos, a efectos procedentes de coordinación y actuación con las autoridades e instituciones competentes al respecto", añade tras recordar que la Ley de Montes obliga a las CC.AA ante el riesgo general de incendios forestales a contar con planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, unas planes que han de redactarse bajo unos criterios comunes fijados por el Ministerio de Transición Ecológica aprobados mediante real decreto.

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