Más País-Verdes Equo quiere garantizar por ley el descanso a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o voluntario

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Más País-Verdes Equo ha registrado este martes en el Congreso una propuesta de ley de garantía de derecho al aborto con la que, entre otras medidas, quiere garantizar "el derecho al descanso" de aquellas mujeres que sufren una interrupción en su embarazo, sea "espontánea" o "voluntaria".

Así lo ha explicado la portavoz parlamentaria de Verdes Equo en la Cámara baja, Inés Sabanés, quien ha apuntado que el modelo elegido para el texto de su formación es similar al de otros países: 5 días de reposo para abortos sufridos en el primer trimestre de gestación y 4 semanas para los sufridos en el segundo y tercer trimestre.

En el texto registrado, recogido por Europa Press, se especifica que "este permiso será independiente de los posibles episodios de incapacidad temporal que la mujer pueda precisar en relación con el episodio médico en cuestión".

Más País-Verdes Equo registra ahora esta propuesta de ley porque, ha indicado Sabanés, tras el "salto importante" dado en esta materia con la aprobación de la ley en 2010, "a día de hoy solo un 15% de los abortos se realizan en la sanidad pública" y en "algunas provincias" no se ha realizado "ni uno solo" desde que la norma entró en vigor hace 11 años.

"Un derecho no lo es si hay que desplazarse cientos de kilómetros para ejercerlo", ha declarado la diputada, en la rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces el Congreso.

PLAN DE MEDIOS Y FORMACIÓN EN LAS CCAA

Esta propuesta de ley, según ha indicado, tiene, además del objetivo de garantizar el descanso a las mujeres que sufren un aborto, otros "elementos básicos", como medidas para facilitar el ejercicio del derecho al aborto en la Sanidad Pública.

En concreto, el texto de Más Páis-Verdes Equo propone blindar que las intervenciones realizadas según el supuesto de presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, se "realicen en centros de la red sanitaria pública o, de forma muy excepcional, en centros vinculados a la misma".

Estas prácticas, recoge, deberán realizarse "garantizando siempre" que el acceso de las mujeres a dichos centros "se realice en igualdad de condiciones respecto al resto de pérdidas gestacionales".

Además, propone que "ningún profesional de un centro sanitario público deberá dedicar más del 33% de su jornada laboral en cómputo mensual a la realización de interrupciones voluntarias del embarazo".

REGULAR LA OBJECIÓN

En este sentido, también llama a que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas tengan "un Plan de Garantías en la Prestación y Seguimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo", con "un protocolo" para la transferencia rápida de la mujer al siguiente centro público más cercano" en el caso de que "en su centro de referencia todos los médicos sean objetores".

Precisamente, otro de los ejes de la ley, mencionados por Sabanés, es el de la "regulación de la objeción" tal y como, ha recordado, se hico con la eutanasia, y que "el derecho de objeción de los profesionales no perjudique el derecho de las mujeres al aborto". "Para que sea compatible", ha apuntado.

"Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia", advierte la norma de Más País-Equo.

Es por eso que defiende que la posición del profesional implicado en la intervención debe manifestarse "anticipadamente y por escrito" sobre esta situación.

UN REGISTRO CONFIDENCIAL

En este sentido, y tal y como ha defendido también el Ministerio de Igualdad, la propuesta de ley recoge que las administraciones sanitarias deberán crear "un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia" para "facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación".

"El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal", recoge la norma de Más País-Equo.

Del mismo modo, la norma quiere que las instituciones sanitarias estarán capacitadas para realizar las reorganizaciones necesarias de los profesionales, manteniendo las características y tipo de contrato de los mismos, de modo que se garantice el cumplimiento de las prestaciones reflejadas en la ley.

"Se trata de una ley que viene a hacer lo que había que haber garantizado desde el primer momento en que un derecho se consolida, que es la capacidad de poderlo ejercer en la Sanidad Pública y con garantías en los casos en los que se opte por la sanidad privada", ha señalado la portavoz de Verdes Equo.

Sabanés ha indicado que su formación va a trabajar por el "máximo consenso" en la Cámara para lograr el "ejercicio de un derecho" que, para su grupo parlamentario es "fundamental".