Solo un 3% cree que el maltrato a las mujeres es un problema principal de España y la mayoría confía en la Ley Integral
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de los españoles asegura tener poca o ninguna confianza en la ayuda que puede prestar el Estado (51,2) y los jueces (52,1) a las mujeres que denuncian malos tratos por parte de su pareja o su ex pareja sentimental, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre.
Por el contrario, las instituciones más valoradas por la sociedad española son las organizaciones de mujeres (un 85 por ciento confían mucho o bastante en ellas), seguidas de los servicios médicos (82 por ciento) y los servicios sociales (78 por ciento).
Los españoles también dan un valor especial a la familia (82,7 por ciento) y a los amigos (78), en el caso de que una mujer tenga que enfrentarse a un problema de malos tratos por parte de su pareja o ex pareja sentimental.
Después de estas instituciones, las más valoradas por la sociedad en la lucha contra este problema son la Policía (un 54,4 por ciento de los españoles confían mucho o bastante en este cuerpo de seguridad), los abogados (51,3) y los medios de comunicación (45,3).
LEY CONTRA LA VIOLENCIA
Al margen de esta cuestión, la violencia de género no se encuentra entre los problemas principales que perciben los españoles. Según los últimos datos del CIS, tan solo un 3,1 por ciento de los encuestados considera que el maltrato a las mujeres es uno de los mayores problemas de este país. Por contra, en los primeros puestos se sitúan problemas como el paro, la inmigración o el terrorismo.
Por otra parte, un 73,5 por ciento de los españoles encuestados conoce la Ley Integral de medidas contra la violencia de género, un año después de su entrada en vigor. Además, la mayoría (un 45 por ciento) considera que esta norma será muy eficaz o bastante eficaz a la hora de facilitar la recuperación de las mujeres víctimas de este problema.
Frente a ellos, un 30 por ciento cree que será poco o nade eficaz, principalmente al entender que los castigos deben ser más duros, por falta de medios para llevarla a la práctica o simplemente por desconfianza en el funcionamiento de la norma. Además, un 10,5 por ciento de ellos afirma que lo más útil frente a este problema sería "mentalizar a la población".
