Piden que se incluya la mutilación genital en la reforma de la justicia universal

Actualizado: lunes, 10 marzo 2014 10:59

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Médicos del Mundo se ha dirigido a los grupos parlamentarios del Senado, donde este martes se votará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringirá el alcance de la justicia universal, que incorporen al texto de manera clara la persecución de los delitos de mutilación genital femenina y los asesinatos de cooperantes.

   A juicio de la organización, con el diseño actual del texto quedarán desprotegidos tanto las miles de niñas (17.000 menores de 14 años sólo en España) susceptibles de ser víctimas de mutilación genital como los cooperantes de las entidades nacionales que trabajan en países del sur.

   Conforme recuerda Médicos del Mundo, la proposición de modificación de la citada ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Popular elimina de la lista de delitos perseguibles extraterritorialmente la mutilación genital femenina, lo que, aseguran, "creará inseguridad jurídica".

   "Cuando la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 2013 recoge expresamente actuaciones para prevenir la mutilación genital y cuando el propio gobierno aprobó hace apenas un mes una declaración institucional comprometiéndose a tomar medidas para su erradicación, no se entiende por qué se evita ahora mencionarla explícitamente entre los delitos perseguibles fuera de nuestras fronteras", explica.

   En cuanto al personal humanitario, afirma que "la limitación de la justicia universal en España alejará la posibilidad de hacer justicia con víctimas de genocidios como el de Ruanda, entre ellas los cooperantes de Médicos del Mundo Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña, asesinados en el país africano en 1997".

   Además, con el actual articulado de la propuesta legislativa, Médicos del Mundo teme que muchas mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual queden también desprotegidas, puesto que el texto exige que las víctimas tengan residencia habitual en España para poder perseguir a sus tratantes, "algo extremadamente difícil de demostrar, porque las mujeres afectadas suelen ser trasladadas de residencia" dentro y fuera del país.

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