El Observatorio de la Violencia de género cierra filas en torno a su presidenta frente a las denuncias del juez Serrano

Actualizado: lunes, 28 diciembre 2009 17:07

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones y entidades que integran el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género suscribieron hoy un comunicado en el que cierran filas en torno a la presidenta de la institución, Inmaculada Montalbán, frente a las denuncias por injurias y amenazas de carácter leve interpuestas contra ella por el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano.

Estas denuncias vienen motivadas por un comunicado difundido el pasado 14 de diciembre en el que Montalbán criticaba unas declaraciones previas del juez Serrano que ponían en duda el espíritu de la Ley Integral contra la violencia machista y los informes del CGPJ sobre su aplicación. Para la presidenta del Observatorio, la postura del magistrado de Sevilla carecía "de rigor y fundamento alguno" y denotaba "falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer".

Ahora, la institución dice compartir "en su totalidad" el contenido de aquel comunicado porque "no hace sino trasladar a la sociedad el reconocimiento institucional hacia el enorme esfuerzo y dedicación que los jueces españoles, en su conjunto, realizan en la erradicación de una lacra social como la violencia de género".

"El Observatorio contra la violencia doméstica y de género quiere incidir, una vez más, en la necesidad del trabajo conjunto de las instituciones del Estado y en la concienciación social como elementos claves para luchar contra este tipo de violencia, que degrada a la sociedad y aniquila los principios de libertad e igualdad", explicó la entidad.

Esta institución fue creada en el año 2002 y tiene por objetivo "abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia". Está integrado actualmente por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias transferidas en Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española.