Organizaciones feministas rechazan la reforma de la ley de riesgos laborales por "redefinir" la perspectiva de género

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 organizaciones feministas han presentado alegaciones conjuntas al anteproyecto de modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que rechazan por "redefinir" la perspectiva de género.

En este sentido, consideran que el anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, introduce cambios que "alteran" el significado jurídico de la perspectiva de género y generan "inseguridad" en su aplicación.

Según denuncian las entidades firmantes, el Ministerio estaría utilizando el mandato de incorporar la perspectiva de género como vía para "redefinirlo ideológicamente" e introducir un enfoque basado en "identidades subjetivas". A su juicio, "la reinterpretación del término "género" para incorporar categorías no basadas en el sexo no es una evolución inocua del lenguaje: constituye una alteración sustancial del concepto jurídico original".

De la misma manera, advierten de que esta operación supone una "modificación sustancial" de un concepto del Derecho Internacional, definido con precisión desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), y que "constituye una herramienta técnica destinada a analizar y corregir desigualdades estructurales entre mujeres y hombres".

"No estamos ante una actualización técnica, sino ante una redefinición encubierta que desnaturaliza el concepto de perspectiva de género y altera la finalidad de las políticas públicas", aseguran.

Las organizaciones señalan que la inclusión en el anteproyecto de categorías como la "identidad de género" o la "expresión de género" dentro de la evaluación de riesgos laborales carece, según su criterio, de base técnica y de criterios operativos. En este sentido, sostienen que estas variables no guardan una relación directa con riesgos físicos o ergonómicos en el trabajo, lo que podría generar "indeterminación" en la evaluación de riesgos y una extensión de las responsabilidades empresariales "hacia conflictos que no son propiamente riesgos laborales".

"CAMBIO DE PARADIGMA" EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Asimismo, han alertado de un "cambio de paradigma" en las políticas públicas, al sustituirse, según afirman, el análisis de desigualdades estructurales entre mujeres y hombres por el reconocimiento de identidades subjetivas.

Entre las consecuencias que señalan figuran la dilución del sujeto político de protección -las mujeres-, la distorsión del marco jurídico internacional y desactivación de herramientas eficaces de igualdad.

Uno de los aspectos que consideran más "preocupantes" es el impacto que estas redefiniciones podrían tener en los espacios físicos de trabajo, como vestuarios, aseos o zonas de privacidad. En esta línea, recuerdan que la normativa vigente establece la necesidad de disponer de espacios separados por sexo como medida de protección de la intimidad, la seguridad y la dignidad, y advierten de que la introducción de criterios basados en la "identidad de género" podría generar "conflictos" en su uso y una "posible vulneración" de estos derechos.

Además, critican que el anteproyecto sustituya referencias explícitas a las mujeres por expresiones neutras como "persona trabajadora embarazada". A su juicio, este cambio "invisibiliza las discriminaciones y vulneraciones específicas que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres en el ámbito laboral por razón de su sexo, maternidad o lactancia".

En este contexto, las firmantes reclaman la retirada de las redefiniciones introducidas en el texto y exigen que la reforma respete los estándares internacionales, se base en evidencia científica y mantenga "claridad conceptual" para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.

"No se puede utilizar la prevención de riesgos laborales para introducir agendas ideológicas. Cuando se desdibujan los conceptos, se ponen en riesgo derechos fundamentales, especialmente los de las mujeres trabajadoras", concluyen las organizaciones feministas", concluyen.