MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los organizadores de la marcha 'indignada' que recorrerá gran parte de la capital este sábado, 15 de octubre, no han pedido todavía la autorización oportuna a la Delegación del Gobierno en Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento estatal.
Tal y como marca la legislación vigente, todas las manifestaciones y concentraciones de más de 20 personas deben ser comunicadas por escrito por los organizadores y promotores de las mismas con una antelación de diez días naturales y 30 como máximo.
Sólo en circunstancias extraordinarias y urgentes los promotores de las marchas podrán solicitar su autorización en un plazo menor, pero tendrán que justificarlo. Es decir, ante un acontecimiento imprevisto o imprevisible, según la normativa actual.
Éste no es el caso de la manifestación del sábado, que se viene preparando desde hace varios meses. De hecho, la plataforma ciudadana 'Democracia Real Ya' anunció por primera vez el 30 de mayo y en una rueda de prensa que estaba preparando una manifestación a nivel nacional, europeo y global para 15 de octubre que tendrá como objetivo seguir denunciando, como ya hicieran en las movilizaciones del 15M, que los ciudadanos no son "mercancía en manos de políticos y banqueros".
Así, el movimiento asambleario de los 'indignados' viene trabajando desde hace semanas en la manifestación del 15O y se ha creado una página web donde se coordina las actuaciones. Según el propio sitio web, ocho marchas 'indignadas' procedentes de distintos barrios de Madrid confluirán en la plaza de Cibeles sobre las 18 horas para dirigirse de forma conjunta hacia la Puerta del Sol, símbolo del 15M.
Sin embargo, aunque Democracia Real Ya, Juventud sin Futuro y otras organizaciones que convocaron la marcha del 15 de mayo, en esta ocasión no la organizan oficialmente y sólo la apoyan.
Precisamente, en el escrito de la comunicación que debe presentar cualquier convocante de manifestación o concentración debe figurar el nombre, apellidos, el domicilio y el documento oficial de identificación del organizador u organizadores o de sus representantes, así como el objeto de la protesta, el itinerario proyectado y las medidas de seguridad previstas por los propios promotores o que se soliciten de la autoridad gubernativa.
Así, en el caso de que la protesta finalmente no recorra el itinerario previamente fijado, el objeto de la marcha sea distinto o se produzcan alteraciones o disturbios, la Delegación del Gobierno tiene potestad para multar a los organizadores.
La falta de comunicación administrativa por parte del movimiento 'indignado' no es nuevo. El pasado 28 de agosto convocaron una manifestación contra la última reforma de la Constitución y para pedir un referéndum.
Anteriormente, las concentraciones organizadas los primeros días de agosto en la Puerta del Sol tras el desalojo de las carpas de los 'indignados' o las que se celebraron días después del 15 de mayo y próximas a las elecciones municipales y autonómicas no fueron tampoco autorizadas ni por la Delegación del Gobierno y por las Juntas Electorales.
