La PDLI aplaude el límite del Gobierno a la publicidad en medios, que "podría contribuir a reducir dependencias"

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha celebrado este lunes que el Gobierno vaya a limitar el peso de la publicidad institucional en la financiación de los medios --con un tope del 35% del total de ingresos-- y que refuerce las obligaciones de transparencia sobre la titularidad y estructura de propiedad.

"Un tope como el anunciado podría contribuir a reducir dependencias económicas que facilitan la 'captura' o el clientelismo informativo. Ahora bien, el núcleo del problema no es solo cuánto dinero público recibe un medio, sino cómo se decide quién lo recibe y por qué", ha explicado.

Según la plataforma, abrir el debate sobre publicidad institucional es "imprescindible". "La publicidad pública puede ser una herramienta legítima de servicio público, pero también una palanca de influencia si se reparte con opacidad o criterios arbitrarios, distorsionando la competencia y afectando al pluralismo", ha avisado.

Por ello, la entidad pide la publicación anual desglosada por medio y/o plataforma y por administración, en formatos analizables; reglas de asignación y planificación que permitan detectar sesgos y no solo conocer el reparto a posteriori; y supervisión efectiva por un órgano con "capacidad real" de requerir información, evaluar patrones y publicar conclusiones.

Asimismo, la PDLI reclama definiciones y método de cálculo "claros": "qué cuenta como 'publicidad institucional/del sector público', si computa por medio o por grupo, y cuál es el denominador ('ingresos', 'facturación', 'cifra de negocio'), para evitar inseguridad jurídica y discrecionalidad".

"La norma debe blindar que no se use como herramienta de presión política ni como mecanismo de exclusión encubierta por línea editorial, recordando que el objetivo es evitar la captura, no condicionar contenidos", ha subrayado.

LEY DE PUBLICIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, con el que busca limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Se trata de una normativa del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que lidera Óscar López, y que busca trasladar al ordenamiento jurídico español las disposiciones previstas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

La medida es una de las 31 reformas previstas en el 'Plan de Acción por la Democracia' impulsado por el Gobierno en septiembre de 2024 y que afecta a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo, entre otras instituciones.

Dicho plan contemplaba la reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de "transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", así como limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.

OTRAS REFORMAS EN MARCHA

En materia de medios, el Ejecutivo también ha puesto en marcha otras reformas como la de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, o la reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación, entre otras.

Asimismo, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso prevé la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación.

Dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.