Es la última reunión del Consejo saliente, que también decidirá sobre la multa a la juez de Denia que se negó a casar homosexuales
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy un informe favorable a ampliar hasta un año el plazo de caducidad de los expedientes disciplinarios, que actualmente prescriben a los seis meses de ser incoados. En caso de aprobarse dicha propuesta, la Comisión Disciplinaria del máximo órgano de gobierno judicial tendría no más de 12 meses para aplicar sus sanciones a los magistrados contra los que se inicie alguna instrucción como fue el caso del juez del 'caso Mari Luz', Rafael Tirado.
En concreto, el Pleno del Consejo, que hoy realizará su última reunión plenaria después de siete años de actividad, tomará una decisión a este respecto a partir del informe elaborado por el letrado-jefe de la Sección de Régimen Disciplinario, Luis Vacas García-Alos, y posteriormente avalado y asumido en su totalidad por la Comisión Disciplinaria, en el que se propone modificar el artículo 425.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que alude a la duración de los procedimientos disciplinarios.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, admite que "la práctica demuestra" que el plazo de seis meses que estipula dicho artículo "resulta en muchos casos de imposible cumplimiento" y, en consecuencia, defiende ampliar ese margen para que "la duración del procedimiento sancionador no exceda de doce meses".
Asimismo, Vacas García-Alos propone que "cuando, por razones excepcionales, debidamente motivadas, se prolongase por mayor plazo, el Instructor delegado deberá dar cuenta cada diez días del estado de su tramitación y de las circunstancias que impiden su conclusión a la autoridad que hubiera mandado proceder".
El documento destaca como circunstancias excepcionales más significativas: "la especial complejidad del expediente disciplinario", la dificultad de practicar las notificaciones propias de los actos de instrucción al expedientado", "la actitud observada por el expedientado de prolongar de manera consciente y deliberada la normal tramitación del expediente"; "la acumulación de nuevas informaciones previas" o "la designación de un nuevo instructor".
Además, el informe propone la creación de una "Unidad de Instructores", dependiente directamente de la Comisión Disciplinaria, "con el fin de agilizar la instrucción de los procedimientos".
JUEZ DE DENIA
Por otra parte, el Pleno de hoy también decidirá si retira la multa a la juez de Denia (Alicante), Laura Alabau, sancionada en mayo de 2007 por la Comisión Disciplinaria de este órgano con la cantidad de 305 euros por una 'falta grave' y una advertencia por la comisión de una 'falta leve' por sus críticas al Gobierno autonómico y a la Fiscalía de Alicante.
La magistrada acusó a estas dos instituciones por medio de un escrito dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" después de negarse a celebrar bodas homosexuales.
El Consejo rechazó el pasado 5 de septiembre por mayoría el recurso presentado por Alabau, quien solicitó la retirada de la sanción alegando que la investigación contra ella había caducado al transcurrir los seis meses desde su inicio.
El máximo órgano de gobierno de los jueces desestimó por mayoría esta petición por lo que discutirán de nuevo sobre el fondo de este asunto durante el Pleno de hoy, en el que además se abordará una propuesta a petición del vocal Juan Pablo González González para que se someta a votación la propuesta presentada al Pleno del pasado día 4 en relación a la Ley de Banderas en edificios judiciales, según consta en el orden del día de la reunión.
