Publicado 11/02/2022 15:21

Podemos quiere que la Ley Audiovisual proteja la diversidad lingüística: "No queremos que el aragonés desaparezca"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la portavoz adjunta, Sofía Castañón, participan en la jornada 'Ley Audiovisual: escuchando al sector', en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2022, en Madrid (España).
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la portavoz adjunta, Sofía Castañón, participan en la jornada 'Ley Audiovisual: escuchando al sector', en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado este viernes que su grupo quiere que la Ley General de Comunicación Audiovisual proteja la diversidad lingüística de España y no solo las lenguas cooficiales. "No queremos que el aragonés desaparezca", ha dicho.

Así lo ha defendido en la jornada informativa sobre la 'Ley audiovisual: escuchando al sector', a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (GCUP-EC-GC). El encuentro ha tenido lugar en la Cámara Baja.

"Nosotros damos mucha importancia a los medios comunitarios. Entendemos que esta Ley no los protege, sino todo lo contrario. Damos mucha importancia a las televisiones públicas. Entendemos que esta Ley no las protege, sino todo lo contrario. Damos mucha importancia a las producciones independientes audiovisuales y entendemos que esta ley no las protege", ha aseverado Echenique.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que su grupo da "mucha importancia a la diversidad lingüística, no solamente a las lenguas cooficiales". Así, ha puesto como ejemplo el aragonés, una lengua que también quieren "cuidar". "No queremos que el aragonés desaparezca", ha afirmado, para después añadir: "Queremos que esta ley proteja todos estos elementos y los haga florecer".

El portavoz Pablo Echenique ha declarado que la norma no cuenta todavía con una mayoría parlamentaria suficiente para salir adelante, lo que va a permitir que las negociaciones entre unos grupos y otros introduzcan "mejoras" en el texto.

En la inauguración de la jornada, la diputada Sofía Fernández Castañón ha afirmado que, para su grupo, la importancia de esta ley "es clave porque se estará hablando de derecho al acceso a la información veraz, de derecho a la libertad de expresión y de derecho a la libertad de prensa".

Además, la parlamentaria de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón ha dicho que "mediáticamente" el debate se ha centrado "mucho" en las lenguas y en las plataformas y, a su juicio, la ley "tiene mucha más complejidad, mucha más profundidad". También el diputado Joan Mena ha prometido ser "exigentes" en la tramitación del anteproyecto.

Durante la jornada, expertos del sector audiovisual han llevado este viernes al Congreso de los Diputados las carencias que, a su juicio, tiene la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que se encuentra en trámite parlamentario. Entre las cuestiones que se han destacado se hallan la falta de compromiso con la igualdad de género, la desigualdad de obligaciones de los distintos prestadores de servicios o la falta de definición de productor y distribuidor independiente, entre otras.

DINERO, INVERSIONES Y PUESTOS DE TRABAJO

El catedrático de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga Manuel Chaparro ha ofrecido una ponencia que ha comenzado explicando que se trata de una ley que sale del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño porque "mueve mucho dinero, muchas inversiones, muchos puestos de trabajo", pero ha añadido que "no puede ser" que los de Cultura o Igualdad "se queden al margen".

Asimismo, Chaparro ha enfatizado que esta ley habla de derechos y obligaciones y de seguridad jurídica "pero siempre desde la perspectiva de las operadoras", y ha defendido que debería tener en cuenta la perspectiva de la ciudadanía.

Desde la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), su coordinador general, Mariano Fernández, ha puesto sobre la mesa la situación de estas entidades y ha detallado dos cosas que solicitan y "que pediría cualquier sector para sobrevivir": seguridad jurídica y una regularización que "sea clara y sencilla, fácil de aplicar para las comunidades autónomas".

En su intervención en la primera mesa de ponentes, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Isabel Raventós, ha afirmado que en las diversas fases de alegaciones de este proyecto de ley han alertado de "la insólita ausencia de compromiso real con la igualdad de género y la necesidad de implementar este principio en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual".

En opinión de Raventós, "es de suma importancia continuar con la estela marcada por las medidas de acción positiva establecidas en el sector de cine, orientadas equilibrar la desigual presencia de las mujeres en este ámbito que, como demuestran los datos, están teniendo un efecto favorable e implementarlas también en el sector audiovisual en general a través de la nueva Ley".

ES UNA LEY "DE MÍNIMOS"

Por su parte, Santiago de Bernardo, de la Plataforma por el streaming, ha asegurado que el texto actual no les gusta porque es "una ley de mínimos" y sigue sin ser "justa y equitativa con los diferentes agentes del audiovisual presentes en el Estado". "Beneficia claramente, en el caso las plataformas digitales, a las extranjeras con escasas obligaciones y todos los derecho", ha manifestado, para después añadir también que "esta ley está pensada más para tratar a las personas como usuarios que como ciudadanos".

En representación de la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes, la productora y empresaria María Luisa Gutiérrez ha reclamado incluir la definición de producción independiente dentro del apartado de productor independiente, que "podría evitar seguras discordancias con el criterio utilizado hasta ahora por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Paul Bilbao, secretario general de Euskalgintzaren Kontseilua, sostiene que "el sector audiovisual es donde la exclusión de lenguas diferentes al castellano es más evidente" y ha añadido que el porcentaje de lenguas distintas al castellano en los catálogos es "anecdótico" y generalmente son "producciones propias". "Desde la perspectiva de las lenguas minorizadas, nos jugamos mucho", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que las cuotas lingüísticas "no son las adecuadas" y que pedirán "el máximo".

El copresidente de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), Enrique Costa, ha rechazado que en la ley no aparece la definición de distribuidora independiente siendo "uno de los agentes que participa" en la norma y ha pedido que la aportación de inversión en obra audiovisual europea sea la misma para todos los actores, y una situación, en general, "igualitaria".

Roberto Lakidaín, consejero de RTVE a propuesta de Unidas Podemos y miembro de Comisiones Obreras, ha tachado de "mal, malísimo y nefasto" el anteproyecto de Ley que se encuentra en tramitación, mientras que Cristina Bermejo (FSC-CCOO) ha calificado la norma de "ley Frankenstein" y ha manifestado que "lo que sí que han conseguido es dar una vuelta de tuerca más a la que ya era una ley ultraliberal del 2012 del Partido Popular, sobre la promovida en 2010 por el Gobierno de Zapatero".

En penúltimo lugar, el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, ha dicho que trasladarán a los distintos grupos parlamentarios varias enmiendas al texto, entre ellas, la obligación de que las plataformas digitales emitan canales lineales de las televisiones públicas cuando se les solicite.

Finalmente, María Eugenia Lozano, consejera de Unidas Podemos en Telemadrid, ha insistido en que la ley "llega ya muy tarde" y que es "completamente decepcionante", por lo que espera que se admitan enmiendas al texto. Así, ha criticado la redacción de la misma y la "confusión de términos". "Este proyecto no tiene contento a casi nadie", ha señalado, para exceptuar a las plataformas y a los servicios de internet.

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