El PP insta al Gobierno a tomar medidas para evitar un fraudulento cambio de sexo de acusados por violencia de género

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar cambios normativos para impedir que acusados por violencia de género puedan utilizar de forma fraudulenta la rectificación registral de sexo con fines procesales.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone crear un incidente específico y de tramitación preferente cuando, en un procedimiento penal por violencia contra las mujeres, el investigado o acusado haya solicitado el cambio registral al amparo de la llamada Ley Trans y existan indicios de que dicha actuación pueda tener una finalidad "instrumental" o "generar dilaciones".

El PP subraya que la propia norma establece que la rectificación registral no altera el régimen jurídico aplicable, pero advierte de que en la práctica se han producido "incidencias procesales de especial complejidad" en procedimientos vinculados a violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, cuando concurren actuaciones sobrevenidas con relevancia jurídica, como rectificaciones registrales del sexo del investigado o acusado, y se discuten sus efectos en la tramitación (competencia, inhibición, continuidad del órgano especializado, señalamientos, ejecución y coordinación).

Por ello, los 'populares' reclaman que, ante alegaciones de fraude de ley, se garantice la intervención del Ministerio Fiscal, la audiencia de la víctima y de las partes y una resolución motivada en un plazo breve. Asimismo, exigen criterios de prioridad reforzada cuando existan medidas de protección en vigor y, de forma especial, cuando concurran antecedentes acreditados de quebrantamiento, reiteración delictiva o indicadores objetivos de riesgo.

Asimismo, piden garantizar, en todo caso, la continuidad operativa de las medidas penales de protección acordadas, asegurando su comunicación inmediata y su plena ejecutividad durante remisiones, inhibiciones o incidencias procesales, así como la actuación prioritaria ante posibles quebrantamientos.

También solicitan reforzar la coordinación entre órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de atención a víctimas "de modo que la existencia de incidencias procesales o la sustanciación del incidente preferente no comprometa la ejecución de las medidas penales en vigor".