PP y PSOE apoyan tramitar en el Congreso la ley del PNV que elimina la mediación obligatoria en divorcios con menores

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, PSOE, Vox, Sumar y Junts han apoyado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para suprimir la obligatoriedad de la negociación extrajudicial en los procedimientos familiares que involucren a menores de edad, como los divorcios, con el fin de agilizar este tipo de procesos.

"Forzar a los progenitores que se enfrentan entre sí por cuestiones que afectan a un menor a acudir a un procedimiento extrajudicial antes de llegar a juicio puede dilatar estos procesos y provocar un efecto bumerán contrario al objetivo deseado", sostienen los nacionalistas vascos, quienes justifican que con esta reforma legal pretenden preservar el interés superior del menor.

El texto de la ley, recogido por Europa Press, señala que el objetivo de las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad suele estar relacionado con cuestiones que deben resolverse "con cierta urgencia, como la autorización para cambio de colegio, un viaje, un acto religioso, una actividad extraescolar o el inicio de una terapia".

El PNV sostiene que si bien la mediación o la conciliación previas a un juicio llevan "a una justicia más humana y sostenible", en los procesos de familia con menores "los parámetros para la resolución de conflictos deben estar supeditados al interés superior del menor".

Y es que, según argumenta, tras siete meses de aplicación de la nueva normativa en la que se introdujeron las medidas de resolución de controversias para descongestionar los juzgados, "se ha detectado que, en la práctica, está provocando que cuando, a falta de acuerdo, el tribunal debe otorgar a uno u otro progenitor la facultad de decidir por razones de tiempo, el objeto ha desaparecido con evidente perjuicio, en muchos casos, del interés del menor".

Durante la defensa de la proposición de ley este martes en el Pleno del Congreso, el diputado del PNV Mikel Legarda ha advertido de que, cada año, "unos 300.000 menores" se ven incursos en procesos judiciales de familia por procesos de ruptura en España, unos procesos que, según ha lamentado, "en más ocasiones de las deseables" son conflictos "envenenados" y no exentos de "vandalismo emocional".

Por ello, ha reclamado no dilatar estos procedimientos de alta conflictividad con trámites previos obligatorios como los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), argumentando que prolongar la "tensión" en la pareja expone a los hijos a un daño "perjudicial", y señalando además que los datos del CGPJ demuestran que esta obligatoriedad no ha logrado transformar los litigios en pactos.

En la misma línea, la diputada del PP María Jesús Moro ha confirmado el apoyo de su grupo a la toma en consideración de la reforma, aclarando que no están en contra de los MASC en el ámbito familiar, sino de su imposición obligatoria. A su juicio, la ley lleva tiempo suficiente para constatar que ha provocado "demoras, inseguridad jurídica y nuevos obstáculos". Además, ha calificado de "traición a los más vulnerables" obligar a una negociación previa en materias donde la intervención del juez es obligatoria por ley.

Por su parte, el diputado del PSOE Joaquín Martínez ha reconocido que comparten "la preocupación" que inspira la iniciativa para que ningún trámite dificulte la protección de un menor pero ha pedido "prudencia" frente a la modificación de los MASC en procesos de familia, destacando que la ley lleva muy poco tiempo en aplicación y que los primeros datos invitan al "optimismo", al registrarse "una bajada de la litigiosidad de casi el 30%". En todo caso, ha avanzado que votarán a favor de tomar en consideración la norma y se ha mostrado abierto a corregir lo que haga falta.

Mientras, la diputada de Vox Carina Mejías ha criticado al diputado del PNV acusándolo de "oportunismo político" por proponer una reforma para eliminar la obligatoriedad de los MASC en procesos de familia tras haber votado a favor de la ley que la implantó. En todo caso, ha confirmado que Vox apoyará la reforma porque consideran que los MASC son un "auténtico fiasco", que acumulan divorcios "en los cajones" y "premian a los incumplidores".

Desde Sumar, el diputado Enrique Santiago ha defendido que es "prematuro" eliminar la obligatoriedad de los MASC en procesos de familia, argumentando que "no ha pasado ni un mes" desde la entrada en vigor del requisito de procedibilidad y que "no hay evidencia" de que la mediación ponga en riesgo a los menores. En todo caso, ha respaldado la toma en consideración de la propuesta del PNV para debatir mejoras técnicas aunque sin desmontar el modelo general. Además, ha insistido en que la solución al retraso judicial es aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que doten de recursos a los juzgados especializados.

Por otro lado, la diputada de ERC Pilar Valluguera ha defendido el modelo "transformador" de los MASC en los procesos de familia, confirmando que su grupo votará en contra de eliminar esta mediación previa por coherencia con lo que ya votaron en el Parlamento de Cataluña. Frente a las críticas de demoras, la parlamentaria ha recordado que los litigios familiares ya sufrían dilaciones antes y ha argumentado que este trámite obligatorio ofrece un espacio para rebajar la "hostilidad" aunque se ha mostrado abierta a introducir excepciones en casos de extranjería.

Desde Junts, el diputado Josep Pagès ha criticado que la generalización "indiscriminada" de los MASC como requisito obligatorio es "un error" y se ha convertido en un obstáculo para la defensa de los derechos de los ciudadanos porque no solo genera "retrasos y aumenta el conflicto", sino que en casos con elementos de extranjería sirve como un "aviso" que permite al progenitor residente fuera "adelantarse y reclamar la competencia" en tribunales extranjeros.

El diputado del BNG Néstor Rego ha denunciado que la imposición de este proceso negociador previo constituye una "barrera burocrática" que frena la "agilidad" exigida por el interés superior del menor, aunque ha advertido de que el problema de fondo es "el colapso de la Administración de Justicia".