Presidente del Banco Vaticano niega una "guerra" en la Santa Sede tras la investigación de la Secretaría de Estado

ROMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del del Instituto de Obras Religiosas (IOR), Jean-Baptiste Douville de Franssu, ha negado que haya "ninguna guerra" en la Santa Sede tras la investigación de la Secretaría de Estado que ha supuesto, de momento, la suspensión de cinco altos funcionarios de la oficina de control financiero. Entre los suspendido se encuentran el jefe del Departamento de Información y Documentación, monseñor Mauro Carlino, y el director de la Autoridad de Información Financiera, o AIF, Tommaso Di Ruzza.

"No hay ninguna guerra entre los organismos", ha subrayado Franssu en una entrevista el periódico italiano 'Il Sole 24 ore', la primera que concede desde que accedió al cargo en 2014.

Franssu ha dejado claro que la investigación no forma parte de una disputa interna: "Somos simplemente funcionarios públicos que han aplicado la ley, cumpliendo con la obligación de denunciar, solo para proteger a las instituciones, las anomalías encontradas durante las operaciones cotidianas".

Del mismo modo, el presidente del IOR ha matizado que no se ha "denunciado a personas ni a oficinas individuales", sino que se ha "presentado un informe contra personas desconocidas para la protección de las instituciones".

Además, ha señalado que la reforma de las finanzas y del Instituto de Obras Religiosas es "un proceso deseado e iniciado por el Papa Francisco" en el que trabajan "tratando de cumplir" con su deber "de la mejor manera posible, y en silencio".

Asimismo, Franssu ha comentado que el IOR pertenece al circuito SEPA (marcas con garantía de seguridad), de lo que se entiende que "está completamente renovado en comparación con hace algunos años, en términos de gobernanza, controles internos, competencias profesionales disponibles y servicios prestados a los clientes".

Además, "los resultados son satisfactorios y el objetivo de hoy es continuar, afinar y perfeccionar lo que se ha hecho, especialmente en beneficio de los clientes". Sin embargo, para Franssu, la reforma, "entendida como una mejora constante, continúa", porque "la dirección de la transparencia y la legalidad nunca se abandona".

En cuanto a la misión del Instituto, el presidente ha subrayado que esta sigue siendo la de "estar al servicio de la Iglesia en todo el mundo".

"En segundo lugar --ha continuado--, nuestros ingresos (que en 2018, 17,5 millones de dólares), se destinan a la acción pastoral del Papa". Por lo tanto, es "útil reiterar que cuando una congregación, o en general un cliente, trabaja con el IOR, hace una contribución financiera directa y concreta a la obra del Santo Padre y no a la lógica exclusivamente económica".

De Franssu, junto con el Director General Gian Franco Mamm, ha desarrollado durante los últimos años la reforma del Instituto.

La investigación, que parte de las autoridades judiciales vaticanas- estaría ligada a las incautaciones de documentación y material electrónico realizadas este mismo martes en las oficinas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que dirige el cardenal Pietro Parolin.

La Secretaría de Estado, el departamento más poderoso del Vaticano, es el centro neurálgico de su burocracia y diplomacia y el corazón administrativo de la Iglesia Católica mundial. La AIF, encabezada por el abogado suizo Rene Bruelhart, es el controlador financiero, con autoridad sobre todos los departamentos del Vaticano.

El Vaticano informó el martes de los allanamientos y señaló que estaban relacionadas con "operaciones financieras realizadas en el transcurso del tiempo". Según el informe anual de la Autoridad de Información financiera (AIF), las operaciones sospechosas en las finanzas del Vaticano se redujeron notablemente pasando de ser 150 en 2017 a 56 el año pasado, continuando una tendencia que los funcionarios dijeron que mostraban reformas en marcha.

El año pasado, el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó al empresario italiano Angelo Proietti a dos años y seis meses de cárcel por blanqueo de capitales a través de una cuenta bancaria abierta en el en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el 'Banco del Vaticano'. Fue la primera vez que en la jurisdicción vaticana aplicó una condena por este tipo de delito financiero.