MADRID/OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley, para su debate en el Pleno, en la que reclama al Gobierno la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a los afectados por los daños causados por los temporales que están azotando la costas cantábricas, y han rubricado los diputados socialistas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.
Precisamente, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, cifró en 108 millones de euros el coste provisional de los daños ocasionados por el temporal en el litoral cantábrico, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de ayer miércoles, y en respuesta a la diputada socialista, Puerto Gallego, quien preguntaba por las medidas a poner en marcha sobre estas zonas.
"De acuerdo con el último informe del que disponemos en este momento (...) primero vamos a ver los daños, que ascienden a 108 millones de euros entre infraestructuras públicas y privadas, según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros", calculó el máximo responsable de la costa española, señalando además que de este montante, la parte de responsabilidad del Estado asciende a 21 millones de euros.
Arias Cañete afirmó también que va a esperar a que amaine el temporal para poner en marcha las reparaciones ya que la ciclogénesis explosiva está siendo "recurrente" y los daños se siguen produciendo. "No se puede empezar a actuar todavía porque sería absurdo reparar una instalación cuando sigue el temporal y hacerlo tres veces, que es lo que harían los socialistas, pero aquí hay que hacer las cosas con inteligencia y con cabeza", subrayó.
Así, insistió en que todas las estimaciones son de carácter provisional y cuando se tengan las definitivas, el Gobierno pondrá en marcha los mecanismos de respuesta y se pondrán en marcha las tareas de reparación urgente para prevenir daños futuros, así como la rehabilitación de las playas, determinando cuáles se pueden recuperar de forma natural y cuáles requerirán de recargas de arena.
AYUDAS DE FORMA EXTRAORDINARIA
Según la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, la Administración del Estado "no puede quedar al margen ni en la adopción de medidas de compensación y reparación de los daños provocados por el temporal ni en medidas de prevención, mitigación y adaptación relativa al cambio climático".
Así, los socialistas instan al Gobierno a establecer, de forma extraordinaria y con vigencia inmediata, mediante el correspondiente decreto ley, un conjunto de medidas urgentes de solidaridad dirigidas, en lo posible, a compensar y facilitar la recuperación de las personas y de las zonas afectadas.
En concreto, solicitan ayudas directas por los daños personales y materiales tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para afrontar esta catástrofe.
Asimismo, ayudas específicas para la reconstrucción de locales y viviendas, indemnizaciones por los daños en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas, y subvenciones para la reparaciones de los daños ocasionados en la red viaria como paseos marítimos y playas.
Del mismo modo, piden el establecimiento de líneas de crédito preferenciales para la reparación de instalaciones, equipos industriales, agrícolas y automóviles, así como de beneficios fiscales y bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para facilitar las reparaciones, incluyen además que los contratos de reparación de infraestructuras y las obras de reposición de bienes, se consideren como obras, servicios o suministros de emergencia.
Además, solicitan que el Estado conceda anticipos sobre las ayudas y subvenciones, y créditos extraordinarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas, además de que las medidas que se aprueben contemplen al menos el nivel de ayuda previsto en los últimos decretos ley aprobados para otras catástrofes naturales.
Para evitar daños futuros, instan a que el Gobierno presente en el Congreso, en seis meses, un informe con evaluación de las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático y que contemple medidas de prevención para afrontar sus efectos.