El PSOE pide al Gobierno en el Congreso que remita en menos de seis meses un proyecto de Ley de Protección Civil

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EUROPA PRESS
Europa Press Sociedad
Actualizado: sábado, 31 marzo 2012 14:50

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, José Segura, ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja, en la que solicita al Gobierno la remisión en menos de seis meses de un proyecto de Ley de Protección Civil, consensuado con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

La iniciativa, que ha sido recogida por Europa Press, pide que dicha normativa sea acorde con los requerimientos actuales en materia de emergencias, además de que incorpore los nuevos riesgos como posibles factores desencadenantes de grandes catástrofes.

Igualmente, quiere que el Ejecutivo revise la actual estructura de gestión de grandes catástrofes haciéndola más moderna, interdepartamental y que atienda a criterios de eficiencia económica y fomente el diálogo y cooperación permanente entre las administraciones públicas y los operadores de infraestructuras y servicios, así como que establezca los mecanismos de coordinación y colaboración de los distintos órganos y administraciones competentes.

Asimismo, pide al Gobierno que tenga en consideración de las recomendaciones y análisis que emanan de la Estrategia Española de Seguridad, que incluya el marco internacional de protección civil y especialmente en el nivel europeo.

De igual forma, desea que recoja los elementos esenciales que deben reunir los protocolos de coordinación de todas las instituciones a nivel nacional implicadas en una gran emergencia, incluyendo las fórmulas de incorporación de los responsables de las distintas administraciones públicas que se vean afectadas, con el fin de hacer más eficaces y eficientes los mecanismos de alerta y respuesta, y siempre con total respeto a las competencias propias de las mismas, así como los elementos esenciales de los protocolos de coordinación institucional cuando se trate de colaborar en acciones de intervención frente a catástrofes fuera de las fronteras.

En esta línea, solicita que esta nueva normativa dote de un estatuto propio a la Escuela Nacional de Protección Civil que permita que se constituya en un instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de alto nivel.

COMPLICACIONES CON EL ACTUAL SISTEMA

Según argumenta, la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad en la pasada legislatura socialista supuso una actualización del análisis de los riesgos que acechan y además, sirvió como revisión de las políticas de coordinación que deben existir en todo momento y situación para hacer frente a los mismos, de una forma "acorde y eficaz".

A juicio de Segura, dicha actualización de los riesgos obliga a tener en cuenta escenarios como los ligados al calentamiento global, los riesgos medioambientales, los riesgos sanitarios y otros riesgos de nuevo cuño que puedan generar accidentes de múltiples víctimas y grandes catástrofes.

En cuanto a la gestión de estas grandes emergencias, cree que el actual sistema español de protección civil resulta "complejo", siendo muy elevado el número de instituciones y administraciones que pueden verse implicadas según las circunstancias que concurran, debiendo además reconocerse que hay "infinitos posibles escenarios", que a su vez pueden ser tan complicados como alcance la imaginación y según el territorio o la población afectada.

Además, apunta que la vigente ley de Protección Civil de 1985 no parece definir bien las diferencias operativas cuando se trata de una gran catástrofe, frente a otras emergencias, que pueden resolverse con los medios existentes en la zona del suceso y sin necesidad de una coordinación que afecte más allá del nivel autonómico.

Finalmente, puntualiza que las comunidades autónomas asumieron competencias en esta materia en los años 90 y en la actualidad, los centros de coordinación 112 y la gestión de emergencias, con los medios sanitarios y de extinción de incendios y salvamento, son dirigidos por las instituciones autonómicas y locales.

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