MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia exigió hoy que la Comunidad de Madrid investigue los hechos denunciados en los centros de menores por el Defensor del Pueblo porque considera "inexcusable y urgente" su intervención para corregirlos si finalmente son ciertas las acusaciones de maltrato.
En el caso de que no fuese así, dicen, es necesario que el Ejecutivo autonómico "muestre y garantice que todos los niños que se encuentran bajo su tutela están recibiendo un trato conforme a la dignidad que corresponde a toda persona humana", informó el Grupo hoy en un comunicado.
Asimismo, considera necesario establecer un sistema de seguimiento, control e inspección de las empresas o entidades con las que contrata servicios tan complejos como la guarda de menores que se encuentran en situación de riesgo o desprotección.
Los sociólogos recordaron que si las informaciones son veraces supondrían "una vulneración flagrante de los derechos de las personas menores de edad", tal como han sido reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, ratificada por el Estado Español e incorporados sus mandatos al ordenamiento jurídico español.
"El suicidio de un niño en la Residencia de Menores Protegidos 'Picón del Jarama' y el intento de suicidio por parte de otro no hacen sino subrayar la gravedad de una situación que denota quiebras muy serias en la gestión de la guarda o tutela de los menores que tiene a su cargo la Comunidad de Madrid por mandato legal", continuaron.
A su juicio, el maltrato institucional que pueden sufrir los niños o adolescentes en los centros de protección no puede achacarse a su conducta o características personales, "sino a la incapacidad o falta de preparación especializada de sus cuidadores directos, y la falta de supervisión por parte de la Administración responsable de su bienestar".
Así, señalaron que la contratación externa de los servicios a la infancia con empresas o entidades no lucrativas, si no se realiza con las suficientes garantías de experiencia y profesionalidad, "no hace otra cosa que agudizar este problema". "Sabemos que se trata de una tarea difícil, delicada y compleja porque algunos menores protegidos arrastran serios problemas personales y sociales", reconocieron.
Por ello, se requiere, no sólo una decisión formal de guardar o tutelar e internar, "sino la tarea de diagnosticar certeramente el problema y de allegar el recurso de intervención más indicado, personalizado, especializado y garante de los derechos del menor", recomendaron.
Para concluir, recordaron que la Comunidad de Madrid está obligada, por mandato legal, a ejercer la guarda o la tutela de las personas menores de edad en condiciones de garantizar los derechos que recogen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley autonómica de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
