Un total de 18.000 familias han solicitado la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo desde el 16 de julio

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18.000 familias han comunicado a la Administración su solicitud de ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo desde el pasado 16 de julio, es decir, casi el 100 por cien de los nacidos desde el pasado 3 de julio (fecha a partir de la cual se percibirá esta ayuda), según explicó hoy en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.

En su intervención para explicar el proyecto de Ley remitido al Parlamento para hacer efectiva esta ayuda, subrayó que este dato revela que el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate sobre el Estado de la Nación, ha sido ampliamente acogido socialmente. "Es un derecho universal e igual para todas las familias, independientemente de la comunidad autónoma en que residan. Nos situamos a la cabeza de Europa en ayudas directas", subrayó.

Así, defendió su carácter universal y atribuyó a esta característica la buena acogida de la medida. De hecho, apuntó que una reciente encuesta ya revela que el 90 por ciento de los españoles conoce la medida y que un 62 por ciento la considera positiva.

EN CONTRA DE UNA MEDIDA PROGRESIVA

Por eso, se opuso a convertirla en una deducción progresiva en función de la renta. "En España sólo el 1,09 por ciento de las mujeres en edad fértil tienen unos rendimientos tributarios superiores a 60.000 euros --argumentó--. Este es un país de clases medias, la inmensa mayoría son trabajadores. Costaría más la gestión para exceptuar a las rentas más altas".

Del mismo modo, aseguró que respeta completamente las competencias de las comunidades autónomas, y se amparó en los artículos 133.1 y 3 de la Constitución, que atribuyen al Estado la facultad de establecer tributos y beneficios fiscales, y en el 149.1.14, que reconoce la competencia exclusiva estatal en materia de Hacienda General. En el ámbito de la prestación económica de la Seguridad Social, se acogió al artículo 149.1.17 de la Carta Magna, que residencia en la competencia del Estado la legislación básica de la Seguridad Social y su régimen económico.

Así, la memoria económica del proyecto contempla 1.556,75 millones de euros para un colectivo estimado de 479.000 mujeres. De esta partida, un 80 por ciento corresponderá a la deducción impositiva, mientras que el 20 por ciento se imputarán al presupuesto de la Seguridad Social.

En este sentido, recordó que el proyecto de Ley establece dos situaciones posibles: si el beneficiario se encuentra trabajando y cotiza a la Seguridad Social, o en el periodo impositivo anterior ha obtenido rendimientos sujetos a retención por IRPF, tendrá derecho a una deducción del IRPF de 2.500 euros anuales; los beneficiarios que no tengan trabajo recibirán una prestación no contributiva de la Seguridad Social de 2.500 euros. En ambos supuestos, se podrán recibir los 2.500 euros en un pago único al tiempo de la solicitud.

Desde el pasado 15 de julio los potenciales beneficiarios han podido comunicar a la Administración, el nacimiento o la adopción que les hará beneficiarios de la cantidad de 2.500 euros por medio de un formulario que está disponible en las delegaciones de Hacienda y en las oficinas de la Seguridad Social, así como en las páginas web de los Ministerio de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales.

A PARTIR DE LA INCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL

La solicitud de forma anticipada de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o de la prestación no contributiva de la Seguridad Social se podrá efectuar a partir de la inscripción del descendiente en el registro civil. Los beneficiarios tendrán que haber residido de forma permanente y legal durante los dos años previos al nacimiento.

El titular de Trabajo quiso encardinar esta medida en el conjunto de acciones de mejora de protección a las familias. A ella, se une, según aseguró un ahorro de 1.900 euros para cada familia media con hijos pequeños gracias a la mejora de las reducciones por familiares a cargo que entró en vigor este año.

También recordó que es necesario complementar políticas activas con ayudas directas para hacer posible que el deseo de los españoles, que es tener más hijos de los que tienen, se haga realidad. Además, se comprometió con la necesidad de trabajar para universalizar la garantía de acceso a una plaza escolar para menores de 0 a 3 años, y lo recogió como una de las principales medidas socialistas para la próxima legislatura.

Por su parte, todos los grupos parlamentarios, salvo el socialista, criticaron el carácter "electoralista" de la medida y manifestaron sus condiciones para dar su apoyo al texto. Igualmente, reclamaron que esta ayuda se aplique a los nacidos desde el 1 de enero de 2007, dado que este es el año fiscal completo. En todo caso, todos coincidieron en que es una medida a la que no se pueden oponer.

PP: ACTUALIZAR LA PAGA DE LOS 100 EUROS

Desde el PP, Miguel Barrachina, adelantó que pedirán un aumento de la ayuda hasta los 3.000 euros así como un incremento en el caso de hijos discapacitados y aumentos por el segundo y tercer hijos. "Damos la bienvenida al Gobierno a las políticas natalistas que antes criticaron", añadió, al tiempo que solicitó una actualización de la paga de 100 euros a madres trabajadoras con hijos menores de tres años.

Mientras, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, advirtió de que su formación estudiará con "calma" las cuestiones competenciales y fue uno de los pocos que defendió también el carácter universal de la medida para no perjudicar a la clase media, al tiempo que solicitó una atención específica a los hijos discapacitados.

Por su parte, Georgina Oliva, por ERC, defendió una ayuda progresiva según el nivel de renta y que la misma ascienda a 3.500 euros para las rentas inferiores a 50.000 euros. "Nos ha defraudado -reprochó a Caldera--. Nos preguntamos por qué plantean constantemente normas que vulneran el Estatuto de Cataluña".

Desde IU-ICV, Joan Herrera, se apuntó al carácter progresivo de la medida al tiempo que denunció "la burla a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas". Emilio Olabarría, por el PNV, no entendió cómo se puede estar comunicando ya la solicitud de ayuda cuando el Parlamento todavía no ha aprobado la norma. "¿Qué pasará con estás comunicaciones si finalmente el Parlamento no aprueba la norma?", preguntó. Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto, Olaya Fernández advirtió de que la cuestión de la natalidad no se resuelve con este tipo de medidas.