La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Palace Hotel Madrid, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a audiencia pública una propuesta de modificación del Real Decreto sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación expresa de objetivos de biodiversidad, conectividad ecológica, adaptación al cambio climático y protección de la geodiversidad en la restauración minera.
En concreto, la propuesta establece que las empresas mineras deberán adoptar enfoques de restauración ecológica basados en las mejores técnicas disponibles, con medidas para reducir la fragmentación del paisaje, favorecer a las especies polinizadoras, recuperar hábitats naturales y mejorar la integración ambiental de los espacios afectados por la actividad extractiva.
Asimismo, la modificación de la norma reconoce "por primera vez" el valor de los servicios ecosistémicos generados por la restauración minera y fomenta la custodia del territorio como herramienta de recuperación ambiental, así como los usos del suelo restaurado de carácter recreativo, deportivo, industrial, cultural, ambiental o energético.
El cambio normativo establece también una "mayor" coordinación entre la normativa minera y la ambiental. En particular, mejora la coordinación entre administraciones en los procesos de cese de la actividad minera, caducidad de los derechos mineros y liberación de garantías financieras, y sitúa el eje del sistema en el régimen de garantías financieras y en la acreditación efectiva de las condiciones de seguridad y restauración exigidas.
La reforma del decreto, que estará en audiencia pública hasta el 4 de diciembre, aclara el alcance de las distintas garantías exigibles y diferencia con mayor precisión entre las asociadas a la restauración general del espacio afectado por la actividad minera y las vinculadas específicamente a las instalaciones de residuos mineros.
En este sentido, incorpora la obligación de calcular las garantías financieras conforme a una metodología común de ámbito estatal y alineada con las directrices europeas.
Igualmente, refuerza la revisión periódica de las garantías. Las revisiones se realizarán en función de la fase en la que se encuentre el proyecto y con un intervalo máximo de cinco años. A su vez, fortalece los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones de residuos mineros.
Entre otras medidas, incrementa los periodos de retorno considerados en los estudios hidrológicos, refuerza las exigencias sobre estabilidad geotécnica y obliga a incorporar análisis avanzados de riesgos sísmicos, inundaciones y movimientos del terreno durante toda la vida útil de balsas, presas y escombreras, incluido el periodo posterior a su cierre.
Por otro lado, la modificación establece un marco específico para los pasivos de la minería histórica y aclara las responsabilidades en materia de seguridad y restauración ambiental. Además, impulsa la elaboración de un inventario nacional de huecos mineros abandonados para identificar emplazamientos con potencial para nuevos usos ambientales, energéticos, industriales o recreativos.
En el marco de esta reforma, Transición Ecológica prevé la publicación de un manual estatal de restauración ecológica que servirá de guía para incorporar criterios homogéneos y basados en la naturaleza en la rehabilitación de los espacios afectados por la actividad minera.
