Una treintena de activistas de Greenpeace y Anse paralizan las obras de la desaladora de Valdelentisco (Murcia)

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de activistas de Greenpeace y Anse ocuparon hoy, desde las 7 de la mañana, la planta desaladora que se está construyendo en la margen izquierda de la Rambla de Valdelentisco, entre Mazarrón y Cartagena, con el objetivo de paralizar las obras.

Así, un grupo de los activistas ocuparon una de las grúas de construcción, donde desplegaron una pancarta de 15 metros se podía leer que puede leerse 'Destruir para especular', mientras otro grupo en cuatro zodiacs bloquearon la draga que trabaja sobre una pradera de posidonia y pinaron en su casco con el mismo lema, al tiempo que buceadores fotografiaban la posidonia amenazada, según fuentes de ambas organizaciones.

Los ecologistas denunciaron que la desaladora se está construyendo dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'La Muela-Cabo Tiñoso', al tiempo que recordaron las reiteradas denuncias a este proyecto presentadas ante diversos organismos desde su inicio en 2005.

Asimismo, señalaron que las obras del emisario submarino "están causando daños a las praderas submarinas de Posidonia oceánica y Cymodocea nodosa".

"Aunque el proyecto asegura que el emisario está situado en un 'canal' donde no existe Posidonia, los mapas bionómicos publicados por la Región de Murcia no recogen la existencia de este canal y muestran una densa y continua pradera submarina en excelente estado", afirmaron.

Entre otros asuntos, el presidente de Anse, Pedro García aseguró que la desaladora de Valdelentisco "afecta a varios espacios que gozan del mayor grado de protección, en tierra y en mar", por lo que consideró que el Ministerio de Medio Ambiente "no puede ser el patrocinador de la destrucción de la costa".

De igual forma, los representantes de ambos grupos ecologistas pusieron en duda el destino del agua que aportará esta desaladora, una vez concluida, y apuntaron que "el auténtico destino de parte del agua será la especulación urbanística", ya que "se conocen varios proyectos de urbanización en esta zona"

Asimismo, se refirieron a "otras ilegalidades" del proyecto, como la ubicación de esta infraestructura en una rambla "que no ha sido deslindada todavía por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)". Pero ésta no es la única edificación en esta rambla.

Por su parte, el portavoz de Greenpeace, Julio Barea, refrendó las palabras de García y afirmó que una infraestructura financiada por el ministerio de Medio Ambiente "tiene que cumplir escrupulosamente con las leyes asegurando que los caudales desalados no se emplearán en actividades ilegales en manos del supuesto mercado negro del agua de Murcia que está siendo investigado por la Fiscalía de Madrid"

DEMANDAS DE LOS ECOLOGISTAS.

Así, entre otras demandas, estas organizaciones exigieron la demolición de la parte de la planta desaladora situada dentro del espacio protegido LIC Y ZEPA 'Sierra de La Muela - Cabo Tiñoso'; la .

adecuación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la nueva capacidad de la desaladora (70 hectómetros cúbicos), ya que "supondrá un aumento de las afecciones negativas".

También solicitaron un informe del Instituto Español de Oceanografía sobre la "incidencia" del emisario submarino en la pradera de Posidonia oceanica en la Bahía de Mazarrón; un estudio del ministerio de Medio Ambiente y de la Comunidad Autónoma "sobre las necesidades reales de agua de toda la zona a la que tiene previsto servir la desaladora".

Igualmente, demandaron la realización, por parte de la CHS, de un mapa de la distribución y canalización del agua de esta zona; así como que el organismo de Cuenca realice una auditoría anual para comprobar "la distribución del agua desalada para usos autorizados".

Además, pidieron un informe técnico del Instituto Geológico y Minero de España de la geología y la geomorfología del área de inundación próxima a la desembocadura de la rambla, en el que se incluya el mapa de riegos con los periodos de retorno de 100 y 500 años. "Este informe debe servir a la CHS para establecer de forma clara la zona de Dominio Público Hidráulico", apostillaron.

Finalmente, desde Anse y Greepeace exigieron el "compromiso escrito" Administración autonómica y central "de que el agua procedente de la desaladora no sirva para permitir nuevos desarrollos urbanísticos".