ROMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El tribunal del Vaticano ha rechazado las instancias presentadas por los abogados de los diez imputados por la compra irregular del inmueble de Londres, que acarreará unas pérdidas de 217 millones de euros, según estimaciones propias, y ha fijado el próximo 17 marzo para el interrogatorio del destituido cardenal Angelo Becciu.
Varios de los abogados defensores -entre ellos el abogado de Becciu, Fabio Viglione- habían solicitado la declaración de nulidad del juicio por no haber tenido acceso al sumario que apoya la investigación judicial.
En concreto, habían denunciado que no habían podido visionar las grabaciones en vídeo del interrogatorio de Monseñor Alberto Perlasca, principal informante en este caso, que reconstruyó ante los fiscales la trama para ayudar a la investigación.
La Fiscalía fue obligada a depositar en las actas del sumario las grabaciones que suman más 115 horas de conversaciones registradas además de algunas interceptaciones telefónicas. En total son 53 DVD, de los que 52 son vídeos y uno contiene las grabaciones de las interceptaciones telefónicas de algunos acusados. Sin embargo, Viglione y otros representantes legales denunciaron ante el tribunal del Vaticano que se habían "mutilado" las pruebas del proceso contra su cliente. De hecho, han mostrado su intención de solicitar la impugnación del proceso.
El juicio comenzará el próximo 17 de marzo, cuando será interrogado Becciu, que ocupó entre 2011 y 2018 uno de los cargos más poderosos del Vaticano en la Secretaría de Estado del Vaticano, y a quien se le acusa de malversación de fondos, lavado de dinero, fraude, abuso de poder y extorsión.
El exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, a quien el Papa cesó de su cargo en septiembre de 2020 en un gesto insólito en el que le fueron también cancelados sus "derechos relacionados con el cardenalato", deberá explicar en sede judicial su implicación en el escándalo financiero por la compra opaca de un lujoso edificio en Londres, con operaciones irregulares que incluyen malversación de fondos del Vaticano, según las investigaciones.
En concreto, debe rendir cuentas sobre las investigaciones que lo acusan de haber tejido a su alrededor una red de corrupción para pilotar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos con sede en paraísos fiscales. La fiscalía del Vaticano señala en las investigaciones que transfirió hasta 100.000 euros del Óbolo de San Pedro, que recoge las donaciones de los fieles a las obras de caridad del Papa, hacia la cooperativa Spes, cuyo representante legal es su hermano, Tonino Becciu.
Sin embargo, según Becciu, esta suma estaría vinculada a obras de reforma en la sede de Cáritas Ozieri (provincia de Sácer, en Cerdeña).
Así, se ha mostrado en todo momento sorprendido ante estas acusaciones y ha señalado que se ha usado esa suma para la reconstrucción tras un incendio y adaptación de las infraestructuras para acoger a migrantes.
La fiscalía del Vaticano también acusa al cardenal italiano de haber aprovechado su cargo en la Curia para obtener financiación a fondo perdido. Según las investigaciones, el excardenal consiguió hasta 600.000 euros de los fondos que la Conferencia Episcopal Italiana recibe del Estado a través de los impuestos donados a la Iglesia.
Para hacer frente a estos escándalos financieros, el Papa aprobó recientemente una nueva ley de transparencia para regular las contrataciones públicas en el Vaticano. La nueva normativa hace suyos los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 e impide así la participación en los concursos públicos del Vaticano a las empresas condenadas por fraude o corrupción, a aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos y también a las que no respeten el medio ambiente.
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