Urgen recursos para frenar la violencia contra mujeres y niños en España

EP

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Urgen más recursos económicos y mejoras legales para hacer frente a los delitos por violencia contra las mujeres, la infancia y el colectivo gay en España, según un estudio de la legislación estatal y autonómica que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha elaborado para la Comisión Europea (UE).

El documento analiza la legislación, jurisprudencia y práctica administrativa españolas, y se integra en un informe europeo con datos de los 27 estados miembros de la UE, el cual sienta las bases para armonizar, a medio plazo, las herramientas de lucha contra violencia hacia estos colectivos.

En rueda de prensa en Barcelona, la catedrática de Derecho Constitucional de la UAB y coordinadora del informe, Teresa Freixes, ha pedido más recursos para crear tribunales especializados en violencia machista y hacia la infancia porque los existentes "están sobrecargados, infradotados y no tienen suficientes especialistas", y para extender la vigilancia con pulseras GPS de los agresores.

En cuanto a los datos sobre violencia machista, ha reclamado que se destinen los recursos y el personal especializado necesario para cruzar las informaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los de otras instituciones y de las autonomías, con el fin de componer una imagen completa sobre el fenómeno en España.

Estandarizar los indicadores sobre violencia machista y relacionar datos de diversas fuentes --policiales, de extranjería, ONG y observatorios especializados-- aportaría información sobre los delitos de género en las inmigrantes y entre las minorías étnicas, ha ilustrado.

En cuanto a la prostitución en las carreteras, Freixes ha llamado a aplicar las normas contra el tráfico de personas en lugar de la ley de extranjería, con el fin de incidir en las mafias --"muy bien organizadas y muy poderosas"-- que las llevan a España para explotarlas sexualmente.

Otras recomendaciones pasan por tipificar como delito el matrimonio forzado; la mutilación genital femenina o ablación, y el acoso, más allá del ámbito laboral y sexual, además de crear indicadores fiables para detectar la violencia contra la infancia y penar a quienes organizan y realizan turismo sexual con niños en otros países --hay mecanismos legales para perseguirlo, pero faltan sentencias de altos tribunales españoles al respecto--.

A nivel europeo, ha abogado por más coordinación entre los estados para acercar sus legislaciones, así como un reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dentro de la UE, para garantizar una protección similar a las víctimas cuando ejercen el derecho a la libre circulación en Europa.