MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UpF) consideran que en los últimos días se ha abierto "innecesariamente" un debate sobre la inmigración a raíz del anuncio del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a 'sin papeles', afirmando que "con manifiesto populismo y con finalidades políticas, bajo un falso debate sobre legalidad, se ha vuelto a lanzar el mensaje de que existen dos categorías de personas".
Así consta en las conclusiones alcanzadas durante la reunión anual que mantuvieron ayer estas dos asociaciones en Málaga, donde dejaron constancia de que "el interés del Estado en regular los flujos migratorios debe conciliarse con políticas de integración así como con el reconocimiento de los derechos fundamentales inherentes a la condición de persona con independencia de la regularidad o no de su situación en España".
Para JpD y UpF, con propuestas como la de Vic o el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz "se pretende que los inmigrantes sin residencia legal se conviertan legalmente en invisibles", de manera que "nuestra sociedad, que los admitió cuando necesitaba fuerza de trabajo barata, pretende negarles ahora, en tiempo de crisis, los derechos básicos".
Además, las dos asociaciones critican la reforma de la Ley de Extranjería recientemente aprobada en el Congreso por contener "previsiones preocupantes y censurables" como el derecho de reagrupación familiar de los ascendientes, que se limita a los mayores de 65 años.
También reprueban la ampliación del plazo de internamiento de inmigrantes de 40 a 60 días, así como las condiciones de estos centros de internamiento, pues opinan que "presentan claras semejanzas con las de los centros penitenciarios".
No obstante, considera positivos ciertos aspectos de la reforma del Código Penal actualmente en curso. Así, valora los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga de extranjeros en igualdad de condiciones que los españoles o la regularización de aquellos inmigrantes cuando cooperen con las autoridades en la investigación de tráfico ilícito de personas, inmigración ilegal, explotación laboral y prostitución.
CORRUPCIÓN
Por otro lado, JpD y UpF concluyeron en su reunión anual que el Código Penal "presenta múltiples deficiencias técnicas en el marco de la persecución de la corrupción pública" debido a una "defectuosa fijación de los comportamientos punibles".
A su juicio, esta circunstancia está "conduciendo a la impunidad de conductas muy graves, bien por no contemplarse como delito conductas igual o más lesivas que las previstas por el Código", por lo que instan a revisar el texto. "La lucha contra la corrupción pública pasa ineludiblemente por la mejora de los procedimientos administrativos de gestión y control, incrementando su transparencia y los controles externos", añaden.
CIERRE DE PÁGINAS WEB
Sobre el proyecto de ley que incluye una salvaguarda administrativa de los derechos de propiedad intelectual en la que se incluye el posible cierre o bloqueo de páginas web, las dos asociaciones de jueces y fiscales creen que "no se ha explicado suficientemente qué aporta" la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, prevista en el texto.
Este organismo podrá, según la normativa propuesta, interrumpir el funcionamiento de ciertas páginas web que vulneren la propiedad intelectual, previa autorización judicial. Para JpD y UpF, no se han concretado las aportaciones de esta comisión frente al sistema de tutela actual "ni se ha ponderado suficientemente la posibilidad de que se generen resoluciones contradictorias en los distintos ámbitos juristiccionales".