MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Vox ha pedido en el Congreso, a través de una Proposición No de Ley (PNL), que el Gobierno vete el Reglamento de Restauración de la Naturaleza en el seno del Consejo europeo, junto con los representantes del resto de gobiernos "que han defendido sus intereses nacionales y los de su sector agroalimentario".
La PNL ha sido presentada para su discusión en la Comisión de Transición Ecológico y el Reto Demográfico por la portavoz del Grupo Parlamentario, María José Rodríguez de Millán Parro; el portavoz adjunto, José María Figaredo Álvarez-Sala; el diputado Ricardo Chamorro Delmo; y la diputada Patricia Rueda Perelló.
La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE se aprobó el 27 de febrero. Busca regenerar los ecosistemas degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria. A fin de alcanzar estos objetivos generales, los países de la UE deberán restaurar al menos el 30% de los hábitats contemplados en la nueva ley, que incluye bosques, pastizales, humedales y ríos, para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60% en 2040 y al 90% en 2050.
En el texto de la PNL de Vox, consultado por Europa Press, el Grupo Parlamentario afirma que la propuesta del Reglamento europeo "criminaliza" a agricultores, ganaderos y pescadores "bajo una apariencia medioambientalista" y recalca que los intereses de estos colectivos "no han sido debidamente considerados". En este sentido, Vox remarca que es "imprescindible" proteger los intereses del mundo rural ante las políticas ambientales impulsadas desde Europa, "las cuales obedecen a agendas externas y no reflejan la realidad y necesidades del campo".
Asimismo, critica la "imprecisión" de conceptos utilizados en la propuesta del Reglamento tales como "ecosistemas dañados", lo que a su juicio "deja abierta la interpretación sobre qué terrenos podrían resultar afectados". A su vez, remarca que la "pretensión" de la Comisión de devolver los ecosistemas a su estado originario implica la reducción de superficies agrícolas, lo que a su vez perturba la cadena de suministros, y provoca la disminución de la producción de alimentos y el aumento de los precios para los consumidores.
A juicio de los de Santiago Abascal, deben ser eliminadas las "exigencias" de la propuesta de Reglamento sobre la conversión de terrenos destinados a la agricultura "para lograr una supuesta restauración de la naturaleza". Con ello, Vox busca preservar la preeminencia de la industria agroalimentaria española y europea, especialmente en el contexto de competencia desleal con terceros países.
Además, en opinión del Grupo Parlamentario, esta propuesta de Reglamento cercena la posibilidad de ejercer la agricultura y la ganedería "en amplios territorios donde lleva siglos practicándose", implicará una carga adicional para los agricultores, así como mayores restricciones a su competitividad y un aumento en los costes de producción. A su vez, Vox también opina que ignora el papel que desempeña la actividad agraria y forestal en el mantenimiento del medio ambiente, y que va en detrimento de la soberanía alimentaria comunitaria y española.
Asimismo, el Grupo Parlamentario apunta que los principales beneficiados de la aprobación de este Reglamento serán los países exportadores de productos agrícolas a la UE como Marruecos, Sudáfrica o Egipto. Según Vox, a estas naciones se les permite competir "de forma desleal", sin tener que someterse a las mismas exigencias medioambientales que los países de la UE.
Por todo ello, los de Santiago Abascal instan al Gobierno a alinearse con otras naciones europeas como Hungría o Italia para vetar el desarrollo de la propuesta de Reglamento, que según dicen amenaza directamente los intereses nacionales, la seguridad de España, la soberanía alimentaria y la estabilidad del sector agrícola español.
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