(Ampl.) Un portugués y un brasileño fueron detenidos en Vigo y en Vilagarcía por introducir trabajadores irregulares

La operación policial para desarticular una red que introducía trabajadores de la construcción en situación irregular se saldó con 24 detenciones en cinco comunidades autónomas, dos de ellas en Vigo y en Vilagarcía de Arousa que supusieron el apresamiento de un ciudadano de nacionalidad portuguesa y otro de nacionalidad brasileña.

La Policía Nacional practicó registros en dos empresas diferentes de la comunidad gallega y un tercero en el domicilio de uno de los detenidos en Vigo. En los registros se intervino abundante documentación, sellos, 7.100 euros y material informático.

El detenido en Vilagarcía de Arousa es José R.S., de nacionalidad brasileña, mientras que también fue arrestado en Vigo Joaquim P.S., de nacionalidad portuguesa, que se encontraba en situación irregular, por lo que se le imputa una infracción a la Ley de Extranjería.

La Consellería de Traballo ya anunció que se personará en la causa judicial que se derive de la desarticulación de esta organización que introducía trabajadores de la construcción en situación ilegal. Según explicó, el departamento que dirige Ricardo Varela pretende la lucha contra la explotación laboral sea un objetivo conjunto del Gobierno gallego y de la Administración General del Estado.

La Policía calcula que la organización desarticulada introdujo a cerca de un millar de trabajadores irregulares en obras de diversas ciudades españolas, por un salario de 5 euros a la hora en empresas de diversas ciudades, como Vigo, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Málaga y Segovia. Estas compañías carecían de domicilio social declarado en España y su actividad era realizada en domicilios particulares alquilados, que carecían de todo tipo de signos externos identificativos.

DETENIDOS

En la operación policial fueron detenidas diez personas, entre las que se encuentran los titulares, gerentes y responsables de las empresas, implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

Asimismo, fueron arrestados 14 inmigrantes que se encontraban en situación irregular. Los policías que participaron en la operación contaron con la colaboración de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Los inmigrantes son de origen ucraniano, guineano y brasileño y eran contratados a través de diferentes empresas radicadas en el país luso, que a su vez eran subcontratadas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción.

Según la Policía, las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2005, tras un control de Extranjería en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria. Los inspectores comprobaron que un número considerable de brasileños allí alojados eran portadores de "permisos de permanencia" de Portugal.

Los extranjeros alegaron que trabajaban en el ramo de la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa. Al no disponer de contrato o permiso laboral, los policías iniciaron las gestiones para esclarecer el motivo de la presencia en la Isla de estas personas.

Posteriormente, los investigadores localizaron varias obras en distintos puntos de la geografía española en donde trabajaban los inmigrantes, lo que puso al descubierto la existencia de la red delictiva. Los trabajadores portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas para ser utilizadas por ciudadanos brasileños, con las que posteriormente pretendían conseguir la tarjeta comunitaria. Estas documentaciones eran obtenidas a través de distintos canales vinculados al grupo delictivo.

EMPRESAS RADICADAS EN PORTUGAL

Tal y como explica la Policía, las empresas portuguesas eran las encargadas de contratar en Portugal a ciudadanos extranjeros de Brasil, Ucrania y Angola. Después, los trasladaban a España y los empleaban en la construcción y reparación de inmuebles sin obtener previamente los preceptivos permisos de residencia y trabajo y sin que figuraran dados de alta en la Seguridad Social.

Según la Policía, los trabajadores extranjeros eran alojados en domicilios cercanos a las obras, que habían sido también alquilados por los gerentes de las empresas y, posteriormente, realquilados a grupos de entre cinco y diez individuos que corrían con todos los gastos. La comida era abonada también por los obreros.

El salario a percibir estaba fijado en nueve euros por hora, pero en realidad, la investigación constató que sólo cobraban cinco euros. Por su parte, los encargados recibían 7,5 euros. La red llevaba operando de esta forma cuatro años y su recaudación podría superar el millón de euros.