La operación se salda con 19 personas detenidas y otras 23 imputadas, y los implicados suman más de 200 y podrían llegar a 600
SAN SEBASTIAN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa ha detenido, en el marco de la operación 'Marinos' llevada a cabo en todo el Estado, a 19 personas e imputado otras 23 por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de titulaciones de permisos de embarcaciones de recreo (PER) y capitán de yate, que vendían por entre 1.200 y 1.800 euros, según informó hoy la Delegación del Gobierno central en el País Vasco en un comunicado.
La Delegación indicó que las investigaciones, que se iniciaron hace dos años, implican directamente en los hechos a otras 200 personas, si bien del análisis de la documentación incautada este número podría llegar a las 600.
Además, señaló que en la operación se intervinieron ocho tipos de documentaciones falsas diferentes como son el Permiso de Embarcaciones de Recreo (PER), Patrón de Yate Vasco, Marinero do Recreo de Portugal, Radio Telegrafista de Portugal, Patrón Yate de Recreo de Portugal, Capitán Yate de Alemania (de dos tipos), Asociación Club Náutica Alemana y Patrón Yate de Canadá.
Según explicó, fruto de las investigaciones se ha dejado al descubierto una red de establecimientos comerciales vinculados a la náutica, responsables de captar potenciales clientes relacionados con la práctica de estos deportes profesionales y que, al igual que el resto de los interesados, compraban las titulaciones náuticas para evitar exámenes y prácticas obligatorias en España.
Algunos de estos PER, durante el trámite de renovación, iban a ser introducidos en los expedientes de la Administración del Instituto Politécnico de Pasajes de San Pedro (Gipuzkoa), mientras que los títulos extranjeros eran presentados en las distintas Capitanías Marítimas para ser canjeadas y convalidadas por los correspondientes documentos españoles.
La Delegación del Ejecutivo central en Euskadi destacó que en varios casos los implicados "estaban convencidos de que estos documentos eran válidos, a sabiendas de que los mismos habían sido obtenidos con la anuencia de algún funcionario corrupto". Al respecto, apuntó que finalmente ha quedado demostrado que los proveedores de estos documentos eran en su mayoría empresarios del sector náutico, no teniendo nada que ver con la Administración estatal o autonómica.
DESDE 2000
Los miembros de esta red delictiva llevaban actuando en España aproximadamente desde el año 2000 y en algunas de sus operaciones engañaban y, por tanto, estafaban a los propios compradores de estos documentos.
Ante estos hechos, la Agencia Tributaria se ha personado en la causa, inculpando a algunos de los presuntos responsables de la trama por un delito de Blanqueo de Capitales, ya que han podido obtener beneficios económicos cercanos a los dos millones de euros, motivo por el cual, como medida cautelar, la Autoridad Judicial decretó el bloqueo de varias cuentas bancarias y prohibió la enajenación de propiedades.
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