SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han detenido a seis personas acusadas de realizar inspecciones de butano sin estar debidamente autorizadas.
Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició como consecuencia de las denuncias recibidas por vecinos de Tomares y Bormujos, en las que manifestaban que les habían cobrado precios abusivos por arreglar la instalación del gas.
Los denunciantes explicaron a la Guardia Civil que estas personas habían cobrado entre 150 y 350 euros por estas "supuestas reparaciones", e incluso uno de ellos señaló que cuando se fue el supuesto revisor empezó a oler a gas en su casa.
Los guardias del Equipo de Investigación de San Juan realizaron varias pesquisas de la empresa, a la que pertenecían los supuestos instaladores. Además, contactaron con la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y les informaron de que la empresa está inscrita y que su actividad es la de realizar inspecciones de gas en los domicilios y expedir certificados sobre estas inspecciones.
Ante las sospechas de los agentes de que a pesar de estar autorizados pudieran estar cometiéndose irregularidades e ilegalidades, realizaron una inspección al local de la empresa, ubicado en Sevilla.
Una vez en la empresa, los guardias identificaron a los trabajadores y junto al inspector descubrieron que se habían realizado multitud de inspecciones tanto en la provincia de Sevilla como en la de Huelva. Los investigadores conocieron también que los comerciales de la empresa estaban realizando labores de reparación y de inspección de las instalaciones de gas sin estar autorizados.
Por estos hechos, se detiene por supuesto delitos de estafa, de intrusismo profesional y delito de riego catastrófico al administrador de la empresa, E.R.A. de 29 años, y a cinco comerciales, J.A.A.B., de 27años, W.B.A. de 19, J.M.R.A. de 25, A.F.C. de 24 y F.A.B.N. de 19 años.
La empresa tenía contratados uno o dos técnicos instaladores autorizados para que expidieran los certificados de revisión de instalaciones de gas y también tenía contratados a varios comerciales.
METODOLOGÍA
Los comerciales, a los que la empresa les daba un carnet de operario, debían visitar los domicilios y vender un contrato de mantenimiento. Estos contratos debían enviarse a la empresa y ella mandar un instalador autorizado que revisara la instalación de gas, reparara en su caso las posibles deficiencias y expedir el certificado, valido por cinco años.
Sin embargo, los supuestos comerciales se presentaban en los domicilios como técnicos instaladores autorizados y manipulaban las instalaciones de gas. En algunos casos llegaron a soldar, sustituir llaves de corte e incluso realizar pruebas de estanqueidad.
Estos presuntos comerciales hacían firmar a sus clientes un documento que después resultaba ser el contrato de mantenimiento de la instalación, por lo que le cobraban 38 euros más el importe de la reparación.
