PALMA DE MALLORCA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Inca procedió a la detención, el pasado día 11 de marzo, de José María D.C., de 40 años, como presunto autor de un delito de estafa.
En un comunicado, el Instituto Armado explicó que el pasado mes de enero una mujer presentó una denuncia en los Juzgados de Inca. Así, la denunciante había contratado en el 2007 los servicios del letrado, por lo que le otorgó poderes para que la representara ante el Consell y otras instituciones, con el fin de que le resolviera una sanción por una infracción urbanística, abonando un primer pago de 18.000 euros
Pasado un tiempo, el abogado le volvió a reclamar la cantidad de 3.500 euros para "los gastos de representación". Así, durante los más de dos años transcurridos en los que la afectada no tenía noticias del letrado, la denunciante se trasladó en diversas ocasiones al despacho del detenido para informarse de la situación, recibiendo siempre la misma respuesta, "que todo estaba arreglado, que seguía su tramite habitual de la administración y que en breve se resolvería".
Una vez recabada toda la información por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca, se abrió una investigación en la que se averiguó que el letrado, había presentado ante el Consell un único recurso para la resolución de la infracción urbanística desde el 2007 hasta la fecha de la denuncia en al año 2010, por un montante de unos 24.000 euros.
Finalmente, tras consultar con el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, la Guardia Civil comprobó que el detenido había sido sancionado en varias ocasiones por 'faltas graves' y 'muy graves' según rezan en los artículos 84 y 85 del Estatuto de Abogacía Española, y que, además, se encontraba suspendido hasta el pasado 17 de marzo de 2010, pero seguía ejerciendo como letrado.
