MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones que atienden a personas que ejercen la prostitución, bien de defensa de los derechos humanos bien feministas, mostraron hoy en el Congreso su división en relación al debate sobre la prostitución y la necesidad de regular la actividad o fomentar medidas para abolirla.
Representantes de tres organizaciones y una experta en la materia comparecieron ante la Ponencia de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer que estudia esta materia. Así, Estefanía Acién, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía aseguró que hay que garantizar los derechos de todas las personas que trabajan en la prostitución.
"Habrá que regular una parte de la industria del sexo que no está regulada --dijo a Europa Press--. Hay otra parte que sí está regulada, que es la pornografía, los 'sex-shops', mientras que la relación entre trabajadoras y clientes no está regulada. Eso deja en desamparo legal contra abusos a miles de personas".
En este sentido, precisó que la regulación que se aborde no puede ser "cualquier" y criticó la pretendida por la Generalitat de Cataluña que relega a las prostitutas a espacios cerrados. A su juicio, la clave está en abordar una regulación que piense en los derechos de las mujeres y no en empeorar sus condiciones de trabajo, lo que pretendía Cataluña.
"Cuando estamos hablando de personas que ejercen la prostitución voluntariamente lo que no podemos seguir haciendo son juicios morales sobre lo que hacen --añadió--. Las prostitutas tienen capacidad de decisión sobre sus vidas. Hay que respetar esas decisiones, si tienen que ver con vender sexo, igual que si tienen que ver con ejercer otro trabajo".
MUJERES POBRES DE PAÍSES POBRES
Mientras, la presidenta de la Asociación Voluntariado de Madres Dominicanas (VOMADE-VINCIT), Bernarda Jiménez Clemente, recordó que son los países pobres los principales emisores de prostitución hacia los países desarrollados. "La globalización ha hecho que nuestros países sean más pobres, la responsabilidad de las mujeres y su carga familiar les ha impulsado a salir a trabajar en lo que sea, traficadas por grupos de personas que generalmente son de los países ricos que van a buscarlas", comentó.
Por ello, en su opinión es necesario dotar a estas mujeres de herramientas que les permitan ejercer otro tipo de actividades para sacar a sus familias adelante. Ahora bien, comparte con la primera compareciente la necesidad de regular la actividad para aquellas mujeres que deciden libremente ejercer la prostitución para que estén regularizadas.
En el bando opuesto se posicionó la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres 'Arena y Laurisilva', Belarmina Martínez, que insistió en que en estos momentos la prostitución de los países desarrollados se alimenta de los países pobres del mundo. "Consideramos la prostitución como una violencia y ejercicio del poder patriarcal sobre las mujeres, degradante para ellas, y creemos que no se puede elevar a la categoría de empleo en ningún caso".
VOLUNTARIEDAD COMO PATOLOGÍA
No niega que existan mujeres que voluntariamente se quieran dedicar a vender su cuerpo, pero considera que este hecho no es suficiente para regular estas prácticas. "Si hay alguna mujer que libremente vive de eso, las patologías para los psiquiatras --dijo a Europa Press--. Nosotras no creemos en la relación sexual disociada de la afectividad y tenemos muy claros los daños irreversibles que causa la prostitución en las mujeres".
En esta misma línea se manifestó la autora del libro 'Quiero ser puta', Gemma Lienas, que aseguró haber estudiado los efectos de la prostitución en aquellos estados que la han regulado, como Victoria (en Australia) donde, en su opinión, después de 20 años de normativa, las condiciones de las mujeres que se prostituyen son mucho peores.
Lienas defendió la postura Sueca, que adopta medidas para abolir la prostitución y penaliza al cliente. Así, aseguró que la prostitución es una situación injusta para las mujeres porque es un problema de género y de clase ya que "son las mujeres, y además pobres, las que tienen que vender y alquilar su sexo, mientras que son los ricos y hombres los que pueden comprar".
"Es una cuestión de justicia social no aceptar eso como un trabajo cualquiera. El hecho de que haya unas personas que lo hagan voluntariamente no implica que se tenga que regular. Hay otras cosas que la gente hace voluntariamente y sin embargo no se regula. Esto es una forma más de violencia de género y, por tanto, no se puede legalizar. También hay mujeres maltratadas que no quieren alejarse de sus parejas y, sin embargo, la ley prevé que tengan que alejarse", reflexionó.
