MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, criticó hoy que el proyecto de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) aprobado por el Gobierno en su reunión del Consejo de Ministros incluya una referencia a los órganos "competentes" y "órganos jurisdiccionales competentes" como los autorizados para cerrar páginas web cuyo contenido afecte a derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución. Según la Asociación, esto ya está garantizado por la Carta Magna, por lo que la referencia en el proyecto sólo introduce "más ambigüedad".
Domingo señaló en declaraciones a Europa Press que esta referencia general "inseguridad en materia de derechos fundamentales", por lo que reclamó que sea eliminada durante el trámite legislativo. Domingo se preguntó para qué sirve esa referencia si no clarifica ni garantiza más protección a derechos fundamentales, y sugirió que podría tener una "intención". En este sentido, se preguntó por la "competencia" en esta materia de las distintas entidades y "qué es lo que las hace competentes".
Asimismo, señaló que, de quedar finalmente redactado en los términos actuales, la norma tendría "serios problemas de aplicación práctica", conflictos que finalmente derivarían en los Tribunales de Justicia, tal y como la asociación defiende que quede establecido en el texto legal. Domingo calificó este punto de un "borrón" en un texto con el que su asociación está "completamente de acuerdo", pese a que, según dijo, ni hayan sido consultados ellos ni el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI), criticó.
El presidente de la AI recordó que la redacción que finalmente ha sido hoy aprobada por el Gobierno ya fue rechazada en idénticos términos por el propio CATSI, y adelantó que esa es la posición que las asociaciones que la componen van a transmitir al Ministerio de Industria en su próxima reunión conjunta prevista para el día 26 de abril.
Por otra parte, criticó la falta de ambición del texto en referencia con la banda ancha, que prevé una "ampliación" de la penetración de la alta capacidad, cuando, según la AI, es necesaria su consideración de "servicio universal", ya que, recordó, "más de 4 millones de ciudadano siguen sin acceso a la banda ancha y 16 millones al cable módem". "El mercado ha sido incapaz de hacerlo y por eso es necesario un compromiso de la Administración", reclamó.
