SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El senador socialista por La Gomera Gregorio Medina ha presentado junto a su homologo por Granada Juan Manuel Fernández una moción en la Cámara Alta solicitando que la Comisión de Fomento inste al Gobierno de España a limitar la incorporación de eventuales inversores privados al capital de Aena a un máximo del 49%, manteniendo la titularidad de esta entidad en manos del Estado.
Gregorio Medina ha explicado en un comunicado que el pasado 25 de octubre fue dado a conocer el informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) sobre el proceso de privatización al que se somete a Aena, elaborado a instancia de esta entidad pública, donde avala la venta del 60% del capital de la empresa pública.
La enajenación se realizará, según apoya el Consejo Consultivo de Privatizaciones, con una colocación institucional de un 30% a un 'núcleo estable' de cuatro o cinco accionistas y un posterior tramo del 30% entre accionistas minoritarios, señala el senador.
Medina aclara que el calendario que baraja tanto el Gobierno, la dirección de Aena y el Consejo Consultivo de Privatizaciones sitúa la oferta pública de venta al final del segundo trimestre del año próximo, y en este sentido indica que la horquilla de valoraciones que manejan los agentes por el 100% de Aena va desde los 12.000 a los 16.000 millones de euros. En el precio se incluirá la deuda que arrastra la sociedad estatal y que se sitúa en los 13.000 millones.
La moción del PSOE considera que de confirmarse el calendario, los porcentajes de las colocaciones de capital, así como las valoraciones por el 10% de la empresa, el máximo ingreso que podría reportar esta macrooperación de privatización a las arcas del Estado sería de 3.000 millones de euros, aunque, si el precio final de la privatización es inferior al montante de la deuda, también podría saldarse con un ingreso de cero euros, explica el senador gomero.
Medina es de la opinión de que el saldo que se recaude será la contrapartida por entregar a empresas privadas unos activos públicos que se han desarrollado a lo largo de casi un siglo, algo que los socialistas ponen en cuestión, ya que en dicho informe las referencias al precio de la enajenación resultan "más que discutibles", así como la condiciones en las que se entregaría la propiedad y la gestión de los activos públicos a empresas privadas.
A ello se debe sumar --agrega el senador-- que el informe incorpora elementos que suponen una "ruptura total" con el Real Decreto de 25 de febrero de 2011 por el que el Consejo de Ministros fijaba un límite a la privatización. "La enajenación no podría superar una participación minoritaria del 49% y, por tanto, la gestión de las empresas quedaría en manos públicas. Frente a ello el Consejo avala ahora la venta del 60% de las acciones", apunta Media.
El senador cree que la pérdida de la titularidad pública sobre Aena aeropuertos ocasionará un "gran problema" al interés general de los españoles, ya que el Estado "pierde el control sobre el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros, cuya influencia sobre el desarrollo de la economía española es fundamental".