NUEVA YORK, 18 May. (Reuters/EP) -
El embajador de Siria en Naciones Unidas, Bashar Jaafari, ha enviado una carta a la Asamblea General para protestar por el daño que los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la oposición, que se prolongan ya 14 meses, han causado a la industria turística del país.
"En las ciudades y zonas donde hay tensión, el impacto de la crisis en el sector turístico ha sido totalmente desastroso: la actividad turística está completamente paralizada", ha denunciado en la misiva, con fecha del 7 de mayo.
En concreto, Al Jaafari ha informado a los 193 países de la organización internacional de que la ocupación hotelera ha pasado de situarse en el 90% antes del conflicto a estar por debajo del 15% en la actualidad.
"Los hoteles han dejado de funcionar, las paradas de carretera, los restaurantes, las ferias y otras instalaciones de ocio han tenido que cerrar", ha aseverado.
El jefe de la delegación siria en la ONU ha apuntado que el descenso del número de turistas también ha afectado al empleo. "El 40% de los trabajadores del sector turístico se ha quedado sin trabajo o ha tenido que reducir su jornada", ha sostenido.
Al Jaafari ha atribuido la crisis turística a la decisión de los países de recomendar a sus ciudadanos que no viajen a Siria y de las compañías aéreas de cancelar los vuelos. También ha responsabilizado a "los grupos terroristas que atacan las redes de transporte y comunicación para aterrorizar, secuestrar y matar civiles".
Desde el comienzo del conflicto, Naciones Unidas calcula que más de 9.000 personas han muerto a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la oposición. Siria, por su parte, acusa a los grupos terroristas de la muerte de 2.600 uniformados.
El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe a Siria, Kofi Annan, ha puesto en marcha un plan de paz de seis puntos que contempla, entre otras cosas, la retirada de las tropas de los núcleos de población y un alto el fuego.
Un total de 257 observadores internacionales se encuentran en Siria para supervisar la implementación del plan de paz y se espera que a finales de este mes lleguen a 300. Sin embargo, tanto Gobierno como oposición denuncian que el acuerdo se ha violado.
