La CEOE cree que la reforma de la Ley de Costas aportará "mayor seguridad jurídica" en el litoral

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La CEOE ha valorado de forma positiva el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas, aprobado en el Congreso el pasado jueves, porque "aportará mayor seguridad jurídica a las relaciones en el litoral y terminará con la actual situación de incertidumbre".

El trámite parlamentario de dicha norma se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

En un comunicado, la patronal considera que la nueva normativa ayudará a mantener numerosos puestos de trabajo y servirá para proteger mejor el medio ambiente, al reforzar la protección y el uso sostenible del litoral a la vez que introduce un nuevo mecanismo que permite al Estado tutelar a las Administraciones locales para que se puedan suspender de forma automática las licencias que vulneren la Ley de Costas.

"Esto proporcionará mayor agilidad y eficacia a las actuaciones del Gobierno para impedir la ejecución de actos ilegales", señaló la CEOE.

La patronal destacó que la modificación aprobada "no implicará nuevas construcciones en la zona del litoral", sino que lo que se pretende es "evitar la paralización y la degradación de las instalaciones existentes con el objeto de poder mantener la actividad económica existente en la costa".

Para CEOE "es importante la modificación en el marco regulatorio que se ha efectuado en el sentido de posibilitar la ampliación de las concesiones a 75 años".

PRÓRROGA DE CONCESIONES.

Así, destacó la incorporación de una enmienda para posibilitar la prórroga de concesiones para puertos que no son de interés general. Dicha prórroga tendría un plazo máximo que no podrá ser superior a la mitad del plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal de los puertos generales del Estado.

Aunque desde CEOE se había solicitado que la prórroga para los puertos fuese también de 75 años, la incorporación de dicha enmienda ayuda a clarificar la situación de aquellos puertos que tenían el 2018 como año límite para poder operar.

"Estamos ante un avance en la buena dirección, pero desde CEOE seguimos insistiendo en la necesidad de revisar, y en su caso, adaptar la legislación para dotar de una homogeneización a nivel nacional de los periodos concesionales de los puertos, ya sean de interés general o no, con el resto de concesiones de actividades económicas", apuntó.

Finalmente, apuntó la posibilidad de poder realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de aquellas instalaciones que se encuentran en el dominio público marítimo terrestre así como en la zona de servidumbre, siempre que cumplan con unos criterios de eficiencia energética y ahorro de agua y sin aumentar la superficie, el volumen o altura de la edificación.