FRAVM critica que el decreto de pisos turísticos regional madrileño "beneficia a operadores en detrimento de vecinos"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Vicente Pérez Quintana, ha criticado este viernes que el borrador de decreto de la Comunidad de Madrid para regular los pisos turísticos "beneficia a operadores en detrimento de vecinos" ya que "en vez de generar normas y medios que dan soluciones abre la mano y da mas facilidades para que se abran" este tipo de viviendas.

Según ha recogido la FRAVM en un comunicado, Pérez Quintana y varios representantes de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Centro han presentado este viernes en la sede de la Comunidad de Madrid sus alegaciones al proyecto regional, consideraciones que esperan que el equipo de Cifuentes tenga muy presente en la elaboración definitiva del decreto.

Y es que tal y como recogen en sus alegaciones, el borrador "beneficia a los operadores en detrimento de los vecinos" porque "suprime la habitualidad, permite el alquiler por habitaciones y establece unos muy generosos porcentajes de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en los edificios".

"La cualificación de habitación no puede considerarse de ninguna de las maneras en un régimen regulatorio referido a viviendas, pues las primeras son parte integrante de estas y por otra parte carecen, por su propia condición, de las dotaciones y elementos con los que están dotadas las viviendas", han insistido.

Respecto al porcentaje de VUT implantadas en un edificio, la Comunidad de Madrid indica que este no podrá superar el 75 por ciento de la totalidad de las viviendas existentes, y que ese porcentaje se reducirá al 50 por ciento en aquellos inmuebles que pertenezcan a un único propietario. Ante esto, las asociaciones vecinales de Centro han alegado que "cuando se establece un porcentaje mayor al 50 por ciento se está permitiendo que los vecinos que tienen su vivienda en el edificio se conviertan en minoría y según el sistema de votación de la Ley de Propiedad Horizontal se transforma de 'facto' en un hotel.

"En los edificios de uso residencial la prioridad debe mantenerse residencial y no terciaria, como derecho fundamental. Por tanto deberían rebajarse los porcentajes en todos los casos por debajo del 50 por ciento", han argumentado.

Asimismo, también consideran que las capacidades máximas alojativas que incluye el decreto son también desproporcionadas. "La ocupación establecida supone un hacinamiento de turistas que no corresponden en absoluto a los valores reales de ocupación de las viviendas en la Comunidad de Madrid, cuya media es de 2,5 personas por hogar. Si se mantienen los límites de ocupación por inmueble que marca el proyecto, corremos el riesgo de imponer a los demás propietarios un sobreuso, sobreexplotación y degradación de los espacios comunes del edificio", han señalado.

Por otro lado, las supuestas limitaciones para introducir orden en la actividad que contempla el texto de decreto son, para las asociaciones, "ficticias". Por ejemplo, establece que las comunidades de propietarios podrán regular en sus estatutos la prohibición de que se implante la actividad, lo que supone un auténtico "brindis al sol mientras no se resuelva el escollo de que la decisión se ha de tomar por unanimidad".

Según Pérez Quintana, "requiriendo la unanimidad para prohibir la actividad en lugar de para aprobar, se está priorizando el derecho de libertad de empresa sobre el derecho de vivienda, lo que es una transgresión de nuestro derecho constitucional".

Otro de los puntos de fricción tiene que ver con el uso que la Comunidad de Madrid hace del término "economía colaborativa" para fundamentar su propuesta. Las asociaciones vecinales resaltan que el Gobierno regional no incluye "la distinción fundamental que establece la resolución del Parlamento Europeo de distinguir entre aquella ocasional y entre pares y los profesionales". "No procede por tanto y en este caso hablar de economía colaborativa en tanto en cuanto lo que se desarrolla es una actividad económica como cualquier otra, en este caso, la de prestación de servicios de alojamiento a turistas", han indicado.

Las alegaciones presentadas esta mañana también afectan a los puntos del decreto relativos a los canales de oferta turística, las declaraciones responsables y el seguro de responsabilidad civil. En el apartado de "requisitos", las AAVV solicitan también incluir uno nuevo destinado a que se respete el derecho a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida residentes.