BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP, ICV-EUiA y ERC de Barcelona han defendido este martes agotar la vía política para resolver la polémica devolución con obra echa de antemano de los 25 millones de euros para Spanair, después de que el líder del PSC, Jordi Martí, anunciara este lunes que la recurrirá esta semana por la vía contenciosa administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Los socialistas se quedan solos en su apuesta por la vía judicial, aunque toda la oposición coincide en su rechazo al acuerdo de Generalitat y Ayuntamiento de noviembre de 2012 para que la devolución de los 25 millones, que ambas administraciones habían acordado un año antes que el consistorio aportaría para Spanair, sea con obra acabada o decidida incluso antes del convenio inicial.
En declaraciones a los medios, el portavoz adjunto del PP, Javier Mulleras, ha afirmado que "lo que se necesita es agotar todas las vías políticas posibles para arreglar problemas que son políticos entre el Ayuntamiento y la Generalitat", y ha recordado que la Comisión de Presidencia de este miércoles votará una propuesta popular para crear una comisión de control sobre ayudas públicas.
Desde ICV-EUiA, Ricard Gomà ha insistido a los periodistas en que la devolución pactada de los 25 millones es "un fraude democrático y una estafa política a la ciudadanía", ha prometido seguir ejerciendo presión institucional, y ha mostrado su respeto por la decisión del PSC de recurrir a los tribunales pero considera que el objetivo es político.
El líder de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha expresado a los medios su desacuerdo con que se haya producido "un nuevo episodio de judicialización de la política": según él, lo inició CiU estando en la oposición con la montaña rusa del Tibidabo, después el PP con el Reglamento de Uso del Catalán e ICV-EUiA con la sociedad mixta del agua del Área Metropolitana (AMB).
Los tres concejales han reprochado al Gobierno municipal de CiU que haya hecho caso omiso a las iniciativas aprobadas en la comisión extraordinaria de principios de mayo, que fue forzada por PP e ICV-EUiA, y en el pleno de finales de ese mes a partir de una proposición de los populares para dejar sin efecto la fórmula pactada para devolver los 25 millones.
SOLVENCIA "EN RIESGO"
En cuanto a si la solvencia del consistorio corre peligro por la deuda de la Generalitat, extremo que insistió en negar este lunes la segunda teniente de alcalde y responsable de Economía, Sònia Recasens (CiU), los tres grupos se han dividido en los que lo creen --populares y ecosocialistas-- y el que no, Portabella: "No vemos que las finanzas estén en riesgo de entrar en fallida".
En cambio, Mulleras cree que puede estar en peligro si sigue creciendo la bola de la deuda y ha subrayado que el 31 de diciembre el consistorio tenía 148 millones de remanente de tesorería para gastos generales --había acabado el 2011 con 206,6--, y Gomà cree que "las finanzas del Ayuntamiento empiezan a estar en riesgo por la actitud irresponsable de CiU".