Valencia planteará una tasa para apartamentos turísticos y limitar los días al año de alquiler

Imagen de archivo de la Playa del Cura
AYTO TORREVIEJA
Publicado 01/08/2017 15:59:39CET

Gómez advierte que el sector está "al borde de la saturación" y que se van a endurecer los requisitos para evitar la economía sumergida

VALENCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha anunciado que el consistorio se reunirá en septiembre con la empresa Airbnb, la plataforma de alquiler turístico "más importante en España", para realizarle varias propuestas y tratar de firmar un convenio de colaboración. Entre las medidas, figuran la de una tasa para los apartamentos turísticos, limitar los días al año que un particular puede alquilar su vivienda o regular la oferta de arrendamiento de este tipo de inmuebles en la ciudad.

Así lo ha anunciado durante la presentación de un estudio realizado por el consistorio valenciano sobre la situación de los apartamentos turísticos en la ciudad. La edil considera que este sector se encuentra "al borde de la saturación" en Valencia y ha asegurado que el Ayuntamiento "va a endurecer los requisitos" del arrendamiento de estos inmuebles para evitar la economía sumergida y mantener "los estándares de calidad" de la capital como destino turístico.

"Como Ayuntamiento es importante tener claro qué números manejamos y a que nos enfrentamos a la hora de regular este fenómeno. En concreto, cuántos apartamentos turísticos hay, dónde se sitúan, qué tipo de oferta hay, de qué calidad y quién la demanda", ha asegurado Gómez.

Según ha afirmado la también edil de Turismo, València se convertiría de este modo en "la primera ciudad española" en firmar un acuerdo de estas características con la plataforma Airbnb y que existe la intención de que se amplíe al resto de plataformas de este tipo. Gómez considera que es necesario abordar el problema antes de que "la situación se desborde" y genere conflictos con vecinos, administración y hosteleros como está sucediendo en otras capitales españolas.

"POTESTAD SANCIONADORA"

Además, ha asegurado que a todas las partes "les conviene llegar a un acuerdo" y ha avisado a las plataformas de que, en caso de no aceptar las propuestas y "quedar al margen de la ley", el Ayuntamiento "utilizará la potestad sancionadora" para regular el sector.

Para ello, el Ayuntamiento también pretende aplicar una "hoja de ruta" con medidas como la creación de una mesa de trabajo con la Agència Valenciana del Turisme y representantes del sector, un observatorio de la vivienda turística, una campaña de información y regular urbanísticamente estos inmuebles.

"RASTREO CALLE A CALLE"

La edil de Turismo ha explicado que la empresa encargada del estudio ha realizado "un rastro calle a calle" para conocer con exactitud la cantidad de apartamentos. Además, ha contado con los datos de la Agència Valenciana del Turisme, las 27 plataformas de alquiler que operan en València y los registros del Ayuntamiento. Actualmente, según ha explicado Gómez, las inspecciones solo se realizan tras denuncia de los vecinos "por falta de personal técnico y Policía Local"

Según datos del estudio, Valencia cuenta con 4.714 viviendas turísticas con 18.102 plazas, un 48% de la oferta, y en 2016 se registraron en ellas 639.000 pernoctaciones, un 26% del total. La mayoría de estos inmuebles de la ciudad se encuentran en Ciutat Vella (34%), Extramurs (12%), L'Eixample (11%) y Poblats Maritims (10%). Además, Valencia cuenta con seis apartamentos por cada mil habitantes, al igual que Sevilla, Málaga o Donostia.

La teniente de alcalde ha asegurado que a corto plazo la ciudad "puede llegar a la saturación" y considera que con las viviendas turísticas ofertadas hoy en día "se ha llegado a la cúspide". "Que nadie piense que con el arriendo de apartamentos ha encontrado la gallina de huevos de oro. Hay que darse de alta y pagar los impuestos y los controles se van a endurecer", ha añadido.

Sandra Gómez ha aseverado que la intención del consistorio es "proteger al residente, mejorar la convivencia y el bienestar social, luchar contra la economía sumergida y ayudar a las empresas que dan el servicio de manera legal".